agosto 16, 2021
Miriam Leiva

La agricultura cubana: estratégica pero inerte

Una de las tantas teorías existentes sobre el origen del nombre “Cuba”; refiere que este se debe a un vocablo de los nativos de la Isla que significaba “la tierra cultivada”. Si bien no tenemos la certeza de que esto sea correcto, sí sabemos que las inmensas posibilidades para la agricultura, unidas a un clima excelente y a una buena posición geográfica, marcaron desde el inicio el valor de una tierra caribeña; que, de otro modo, carecía de grandes recursos naturales.

A lo largo de la historia cubana, el desarrollo de la agricultura conservó un puesto de especial interés. Ya desde la colonia, la Isla se convertía en la mayor productora de caña de azúcar en el mundo, una tendencia que aumentó durante una gran parte de los años republicanos.

Es quizás por esto, que cualquiera hubiera pensado, que luego de la supuesta devolución de la tierra a sus “dueños”, la naciente revolución se enfocaría en el desarrollo, de una de las principales riquezas la ínsula. Pero, ¿fue así?

Hoy día, 529 años después de que se descubriera Cuba, y luego de 61años de mala administración de la tierra, la agricultura cubana se enfrenta a una de sus peores crisis marcada por una incapacidad crónica para producir alimentos. Es en medio de este contexto, que el gobierno ha anunciado la aplicación de 63 medidas con el objetivo de rescatar a un sistema de la agricultura que, aunque sigue siendo estratégico, yace inerte frente a nuestros ojos. 

Dichas medidas son el resultado del trabajo de 7 grupos de redactores, dentro de los que se encuentran directivos, expertos, académicos y productores destacados; y han sido calificadas por el actual ministro de agricultura, Ydael Pérez, como “(…) medidas sin precedentes en la agricultura cubana (…)”.

Entre las buenas nuevas que traen las medidas se encuentran iniciativas como un banco de fomento agrícola, la expansión de los seguros, la derogación de algunas de las antiguas “trabas”, y la legalización del comercio de carne y leche vacuna. De igual modo destacan algunas reestructuraciones realizadas en el Ministerio de Agricultura y en las cooperativas; y un cierto nivel de autonomía puesto en manos de las empresas estatales, de los gobiernos provinciales y de sus ejecutivos locales. Finalmente sobresalen también la creación de un Comité de Innovación y de otras nuevas instituciones con el objetivo de lograr que se produzca el tan esperado aumento de la producción del que habló el presidente cubano Miguel Díaz-Canel. 

Pudiera pensarse que estas medidas son la antesala para “cambiar la manera de pensar”, como también apuntara el titular de la agricultura en una de sus intervenciones. Sin embargo, y a pesar de las altas expectativas generadas por este supuesto llamado al cambio, los resultados de estas medidas no satisfacen las expectativas del pueblo y en especial las del campesinado que continúa sin libertad de acción y de decisión.

Un cambio verdadero, lo que se hace cada vez más necesario, tendría que comenzar por profundas transformaciones en el MINAG (no solo las superficiales). Transformaciones que abarquen a los cuadros de las cadenas de dirección, a los intermediarios y a los propios productores, pero sobre todo que revolucionen el funcionamiento del sistema empresarial estatal donde hasta el momento se concentran las mayores debilidades que afectan el proceso de producción y comercialización. No será hasta ese momento que se haga realidad la meta de sustituir importaciones y de construir una oferta sostenible de la que hablara el primer ministro Manuel Marrero Cruz el pasado 10 de mayo, durante la reunión de presentación de este documento.

Entonces, cabe preguntarse, ¿en qué condiciones se anuncian estas medidas?

La Tarea Ordenamiento, nombre con el que se le conoce a un proceso impulsado por el Gobierno cubano, en el que se intenta salvar la economía de la Isla mediante una reforma dirigida a la unificación monetaria y del tipo de cambio, la reforma de los ingresos y la eliminación de los subsidios excesivos, comenzó el  1 de enero del presente año, y dentro de otros muchos aspectos que no discutiremos aquí, conmocionó al campesinado cubano, por los bajos precios que se le atribuyeron a sus producciones en relación con los altos costos de los insumos y servicios necesarios. Como es de esperar, dicha combinación trae como consecuencia una terrible irrentabilidad, y el consiguiente desestimulo de la producción. Es en medio de este escenario, en el que el gobierno realizó ajustes en las tarifas de electricidad, agua, aviación agrícola y otros, en algunos casos a cargo del presupuesto del Estado. Pero, ¿lo resolvió?

La cuestión es que no. Aunque las nuevas posibilidades de exportación e importación (siempre mediante las empresas estatales de comercio exterior), y las ofertas de insumos agrícolas, de tractores y de otros equipos en las tiendas que comercializan en Monedas Libremente Convertibles (dólares, euros, etc. ); tenían como objetivo fundamental motivar las inversiones por parte de los campesinos, lo cierto es, que es poco probable que estos realicen emprendimientos audaces, sin tener garantías del retorno de sus inversiones ni de que se respeten sus ganancias. No olvidemos que en la propia Constitución se aclaran los límites para la acumulación de riquezas en manos no estatales.

Principales problemas existentes:

Muchos son los problemas a resolver, en este intento de reanimar el inerte sistema de la agricultura cubana. El propio viceprimer ministro, Jorge Luis Tapia Fonseca, señaló alguno de los principales en su intervención del pasado 14 de abril en el programa radio televisivo, Mesa Redonda. En dicha intervención Tapia se refirió al sobredimensionamiento de las estructuras, la no separación de las funciones estatales de las empresariales, el exceso de intermediarios ajenos a la producción, los que encarecen los costos, la baja productividad, la poca utilización de la ciencia y la técnica, y las deficiencias en los usos y tenencia de la tierra. 

Sin embargo, esos no son los únicos problemas que golpean a la agricultura, la actual crisis alimentaria en Cuba no es nada nuevo, es más como un fenómeno agravado, cuyas raíces están bien intrincadas. Los campesinos siempre han tenido que sembrar lo establecido por las autoridades. Como si fuera poco, han tenido que entregar la mayor parte de sus cosechas para el llamado encargo estatal al precio centralizado por el gobierno, o para el nivel local por el precio descentralizado, que se supone sea pactado mensualmente. A esto se le suman los precios topados, la venta forzada a las ineficientes entidades estatales de acopio, y la acumulación de impago a los productores privados y cooperativistas, que tienen que vincularse a las empresas del Ministerio de la Agricultura como única alternativa para la rentabilización de sus producciones.

Tampoco olvidemos la escasez de fuerza de trabajo motivada por la migración del campo a las ciudades. Un fenómeno que es resultado de las duras condiciones laborales, de los bajos beneficios económicos, de la poca construcción de viviendas, de las limitaciones en la red de servicios públicos, y del envejecimiento poblacional.

Aunque en la actualidad se señala la necesidad de una adecuada concertación y cumplimiento de los contratos, y se adoptan medidas que procuran mitigar estos problemas y lograr el retorno de los jóvenes a las tierras familiares, así como estimular a los usufructuarios, debemos tener en cuenta que lo solución no llegará a corto plazo.

La tierra

Cuba posee 10 400 000 hectáreas de tierra, de ellas 6 400 755 son agrícolas (58%), 3 120 926 están cultivadas (49%), y 7,2% son de bajo riego. Las cooperativas y el sector privado gestionan 4 672 551(73%) y el sector estatal 1 728 204 (27%).  De los suelos el 70% tiene bajo contenido de materia orgánica, el 20% son muy productivos o productivos y el 70% restante es muy poco productivo, debido a la salinidad, la erosión y la baja fertilidad.

La Zafra 2020-2021 bordeó las 807 742 toneladas de azúcar de las cuales unas 400 000 están comprometidas con China, mientras que el resto será dedicado (aunque presumiblemente de forma insuficiente) al abastecimiento del sistema de racionamiento a la población. Es así, como la otrora mayor exportadora de azúcar mundial, tendrá que importarla (nuevamente) y en un momento en que los precios del mercado mundial parecen excesivos para las arcas vacías del estado.

Por su parte, se mantienen los subsidios para los cuatro renglones considerados estratégicos: arroz, maíz para alimentación animal, tomate de industria y el café robusto.  Los precios del arroz cáscara húmeda, del frijol negro, del ganado porcino en pie, de la papa y de los huevos de gallinas continuarán fijados a nivel central, mientras los demás serán determinados por los gobiernos locales, según se ha anunciado oficialmente. También la producción de arroz cayó notablemente debido a los recortes de combustibles y de algunos de los fertilizantes fundamentales como la urea. Esto último a pesar del programa especial para el incremento sostenido, y de la colaboración de Viet Nam y Japón, con aporte de modernas técnicas y equipamiento.

En las siembras de frío y de primavera del presente año, varios cultivos tuvieron afectaciones considerables por déficit de combustible, fertilizantes y otros recursos. El plan de frijol de 43 500 hectáreas se reajustó a 23 800, lo que no cubrirá la cuota del racionamiento. En cuanto a la siembra de viandas se cumplió lo esperado, pero la producción de ajo solo alcanzó el 68%, la de pimiento 76%, la de la col 77%, la de la col china 38% y la de la zanahoria 48%. Según informes del Granma (25 de mayo), la siembra de primavera del plátano se vio también afectada por la falta de fertilizante, aunque de acuerdo con este medio de prensa, podría recuperarse con niveles favorables de lluvia.

La ganadería

El total de ganado vacuno es 3 817 000, de ello 552,900 es estatal y 3 264 800 no estatal. Con una distribución en ambos sectores de 328,300 en Unidades Básicas de Producción Cooperativa (UBPC), de 118 400 en Cooperativa de Producción Agropecuaria (CPA) y unas 2 818 100 en los ganaderos privados, según indica el Anuario Estadístico ONEI 2019. Resulta interesante, que la cantidad exacta real se desconoce debido a los “préstamos” entre las entidades ante inspecciones de autoridades estatales. Además, se hace evidente la disminución sostenida por muertes ocasionadas por la carencia de alimentos, agua, entre otras causas. El gobierno ha reconocido la imposibilidad de recuperar la ganadería a corto plazo, por el desmedro y la elevada inversión económica que sería indispensable. Actualmente se estimula la cría de ganado menor, que está muy incipiente.

Los procedimientos para el sacrificio, el consumo y la comercialización de las carnes de ganado bovino, y para la comercialización de la leche fresca de vaca, búfala, cabra y sus derivados, contemplados en las Resoluciones No.139/2021 y No. 140/2021 del MINAG respectivamente, que entraron en vigor el 4 de junio, sorprendieron al reconocer los derechos de propiedad, con lo que se pretende borrar los más de 42 años de persecuciones, multas y cárcel a los propietarios de ganado vacuno.

De acuerdo con lo anterior, el productor podría sacrificar para el consumo y comercialización 1 animal de cada 3 que incremente en su rebaño, que serían añojo, torete y toro, y las hembras de desecho que sean dadas como no aptas para la reproducción, previa certificación de la autoridad competente. Para ello, el productor deberá estar inscrito en los Registros de la Tierra y de Control Pecuario, y haber cumplido los compromisos del encargo estatal. Las solicitudes de autorización se presentarán a las delegaciones municipales de la Agricultura, y los sacrificios deberán realizarse en los mataderos de esas instancias. Los propietarios podrán vender en el matadero, la red especializada aprobada por los gobiernos municipales, las entidades de turismo, la red de tiendas, el mercado en moneda libremente convertible, la Zona Especial de Desarrollo del Mariel, y otros destinos autorizados. En cuanto a la comercialización de la leche fresca de vaca, búfala, cabra y sus derivados por calidades, los precios son establecidos por el Consejo de Ministros.  Las empresas lácteas y de comercio minorista pueden contratar directamente la compraventa.

Los productores de leche de vaca contratada, que no puedan entregar la leche fresca por la distancia existente entre el lugar de su producción y donde se acopia, la podrán convertir en queso.  Los productores contratarán la leche de cabra y búfala con la Empresa Láctea para cubrir dietas especiales, de acuerdo con las necesidades del territorio. La comercialización puede realizarse en las entidades del turismo, la red de tiendas, mercado en moneda libremente convertible, la Zona Especial de Desarrollo del Mariel y otros autorizados al efecto.

Las cooperativas agropecuarias

El exministro de la agricultura, Gustavo Rodríguez Rollero, “rescató” unas 3 203 cooperativas agrícolas con una situación económica desfavorable, lo que representa un 66% de las existentes, según se expuso en una videoconferencia con los delegados provinciales y municipales del sector, celebrada el 1 de marzo. De acuerdo con Rodríguez Rollero, existen situaciones complejas con los miembros de las Juntas Directivas y cooperativistas del 74% de las Cooperativas de Créditos y Servicios (CCS), del 67% de las Cooperativas de Producción Agropecuaria (CPA) y del 54% de las Unidas Básicas de Producción Cooperativa (UBPC).

Con el ánimo de “rescatar” la situación, se creó un Grupo Temporal de Trabajo (GTT), integrado por los grupos y subgrupos provinciales y municipales, así como por representantes de organizaciones e instituciones relacionadas con el funcionamiento de esas estructuras productivas, además de las universidades y los centros de investigación. Dicho grupo tendrá la función de determinar las medidas para rescatar, fortalecer, y consolidar los resultados del trabajo de las cooperativas, o decidir su disolución en los casos que lo consideren pertinente.

Las empresas agropecuarias estatales

Las empresas estatales solo gestionan el 27% de la tierra y generan el 22% de la producción. Como puede verse, los números por sí mismos no justifican su existencia. Sin embargo, el gobierno sigue apostando por la empresa estatal socialista, y para ello identificó 54 medidas y demandó una conducta proactiva de parte de estas.  

Al respecto de este tema se pronunció el primer ministro, Manuel Marrero, quien ha resaltado que no se van a seguir sosteniendo y mucho menos a incrementar empresas estatales para que vivan de los productores. El premier agregó que “El perfeccionamiento tiene que ser de verdad, no puede ser simple escenografía, con algunos cambios; cada cambio tiene que ir dirigido a producir más alimentos (…) a lograr empresas prósperas, eficientes con trabajadores estimulados”

Conclusiones:

La crisis de la agricultura cubana es grave, y la solución de sus principales problemas – la falta de producción, la poca aplicación de la ciencia y la técnica, el bajo estímulo de las fuerzas productivas, etc. –  necesita del compromiso inmediato de todos sus actores.

Las 63 medidas anunciadas recientemente, son aún insuficientes, puesto que no eliminan del todo la falta de libertad de decisión del campesinado cubano; sin embargo, estas son la antesala para futuros cambios.

El gobierno actual, tiene ante sí la responsabilidad de sacar a Cuba del precipicio, en medio de las adversidades impuestas por las sanciones de Estados Unidos y la pandemia del Covid-19, lo que demanda la verdadera apertura a la participación ciudadana y el despliegue de la creatividad de todos los cubanos.


Miriam Leiva es periodista independiente.

Ilustración por Maikel Martínez Pupo. Encuentralo por @MaikelStudio @maikelmartinezpupo.

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