Cuba: comunicar la COVID-19 entre muchos, entre todos

Ha transcurrido ya la primera mitad de un año que será inolvidable. Hemos sentido al unísono, en casi todo el mundo, el peligro ante la muerte y el miedo al dolor físico. Debimos frenar en seco nuestra cotidianidad, confinarnos, vaciar las calles, mientras la economía global entraba en estado de coma inducido, con graves consecuencias sobre todo para los países más débiles como Cuba.

Al pensar en la entrada del virus a Cuba, muchos presagiaban un desastre mayúsculo. La precariedad material y la imposibilidad consiguiente de almacenar productos para resistir un largo confinamiento; la alta proporción de personas de mayor riesgo, los mayores de 60 años, que representan el 20% de la población; y la baja disponibilidad de respiradores artificiales en salas de cuidados intensivos, eran tres de los principales motivos de preocupación. La carencia de recursos financieros para realizar importaciones en medio de la pandemia, y las limitaciones a la actividad económica y comercial que sufre Cuba por causa del bloqueo/embargo de Estados Unidos, conformaban un cuadro dantesco.

Cuba ha tenido, en cambio, en términos médico-epidemiológicos, unos resultados dignos de elogio (Time, Reuters, EFE) en su enfrentamiento a la pandemia. A la altura del 23 de junio, se acumulaban 2319 casos confirmados y 85 fallecidos. En menos de tres meses, a partir del 11 de marzo, cuando se confirmaron los primeros casos, Cuba consiguió controlar la propagación de la enfermedad sin que su sistema sanitario se estresara excesivamente.

La estrategia de detección temprana —se han realizado más de 157 mil pruebas—; el rastreo exhaustivo de cadenas de contagio; el aislamiento de personas sospechosas, incluso asintomáticas, en centros acondicionados para esos fines; y el uso de un grupo de medicamentos preventivos y terapéuticos —muchos producidos en Cuba— fueron las claves que contribuyeron a contener la propagación y, sobre todo, a conseguir bajos niveles de mortalidad.

Por su envergadura, la pandemia de COVID-19 impuso un estado de excepcionalidad inédito también en Cuba. Aunque tanto las autoridades como la población tenían experiencia acumulada por décadas frente a desastres naturales como son los huracanes de alta intensidad y ante brotes epidémicos como el dengue, el zika, el cólera, el VIH o la meningitis meningocócica, entre otros.

Históricamente, la respuesta ante situaciones límite ha incluido en Cuba la exacerbación de los privilegios en la producción y distribución de la información y la comunicación por parte del sistema de prensa oficial dirigido por el Partido Comunista. Éste ha monopolizado regularmente la narración e interpretación de los sucesos, haciéndose eco de voces y fuentes oficiales y canalizando líneas de mensajes de orientación propagandística.

Pero en la medida en que ha crecido durante la última década el acceso a las tecnologías digitales y la conexión a Internet en Cuba, ha proliferado también un ecosistema cada vez más complejo de medios de comunicación en/de/sobre/hacia la Isla. A finales de 2019 se reportaban 7,1 millones de usuarios de Internet en Cuba (63% de la población) y más de 6 millones de líneas de telefonía móvil. Todo ello condiciona un proceso paulatino de democratización, en términos infocomunicacionales, de la vida social cubana. Aunque estos procesos no se desarrollan sin fricciones, disputas y obstáculos.

La “conversación” en las redes sociales cubanas tiene una dimensión transnacional y afecta la acción deliberativa, la agenda mediática, la creación de opinión pública y la toma de decisiones en Cuba.

Durante la crisis por la COVID-19 periodistas independientes, youtubers y activistas de grupos opositores denunciaron haber sido sometidos a interrogatorios, detenciones y la imposición de multas en virtud del Decreto Ley 370 “Sobre la Informatización de la Sociedad en Cuba” que en su artículo 68 inciso i) establece como delito la acción de “difundir, a través de las redes públicas de transmisión de datos, información contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas”. Esta formulación resulta sumamente ambigua y puede dar pie a interpretaciones arbitrarias.

La utilización de un instrumento jurídico tan rústico para reprimir lo que las autoridades evalúan como prácticas contra el interés social, demuestra, al mismo tiempo, el relativo vacío o déficit normativo en la regulación de los procesos de comunicación pública en Cuba.

Desde hace años se espera la promulgación de una Ley de Prensa, de Información o de Comunicación para regular los deberes y derechos de los distintos actores; para proteger a la sociedad tanto de acciones represivas sobre la libertad de expresión como de manipulaciones mediáticas.

Las autoridades cubanas denuncian la existencia de programas de cambio de régimen, gestionados desde el exterior, que apoyan moral y materialmente iniciativas de comunicación antigubernamentales. Ante esas acusaciones es fundamental establecer una legalidad robusta que defina claramente las reglas del juego para todos e impida la arbitrariedad actual.

Frente a la COVID-19, de manera más evidente que antes, se ha mostrado la posibilidad de desarrollar en Cuba estrategias anti-shock; no a pesar de, sino con una mayor diversidad de actores y agentes comunicantes, capaces de movilizar opinión, forzar la rendición de cuentas y el ajuste de políticas.

Este ha sido, probablemente, el resultado no solo del forcejeo que la sociedad civil —más o menos desestructurada—, los nuevos medios alternativos de comunicación y las personas en las redes sociales ejercieron, sino también de una mayor porosidad en las instituciones gubernamentales para dejarse interpelar y acompañar. También la prensa nacional ha desplegado recursos creativos de manera mucho más profesional, aunque todavía reticente a la diversidad de opiniones y aferrada a un modelo de prensa sobre todo propagandístico.

Algunas posibles lecciones

Tal como aconseja la OMS, la comunicación de los riesgos y la diseminación de información veraz con consejos y orientaciones tempranas es indispensable en la gestión de brotes epidémicos.

La administración pública de los datos sobre la evolución de la pandemia ha sido una de las especificidades más importantes y aleccionadoras de este proceso en Cuba.

Después de confirmarse los primeros casos positivos al coronavirus, muy pronto las raquíticas notas oficiales difundidas por el noticiero de la Televisión Cubana fueron sustituidas por alocuciones en directo a través de Internet y de la propia televisión, del Dr. Francisco Durán —devenido una especie de héroe popular por sus buenos resultados frente a la COVID-19.

En las conferencias, el Dr. Durán ha ofrecido los datos de la cantidad de pruebas realizadas, casos confirmados, ingresados con sospecha, fallecidos, recuperados —diarios y acumulados—, y la descripción de los eventos de contagio. También concede habitualmente explicaciones adicionales sobre la pandemia y responde a preguntas de medios nacionales y acreditados en la Isla y de usuarios de redes sociales.

El público cubano agradeció la actualización de los datos día por día, pero rápidamente una parte de los espectadores captaron también el sesgo de algunas preguntas que se seleccionaban evitando ahondar en asuntos espinosos. El espacio evolucionó hasta un formato donde se aprecia que el ponente conoce de antemano las interrogantes que le formulan y no habrá nada fuera del guion. 

De tal modo, este encuentro dejó de ser una conferencia de prensa y fue agregando rasgos de un simulacro de diálogo, se formalizó y perdió cierta capacidad para responder “en caliente” a asuntos acuciantes, críticas y preocupaciones de la población, a los que evidentemente el epidemiólogo tampoco puede responder del todo, pues sobrepasan sus áreas de competencia al tratarse de asuntos colaterales al hecho epidémico.

El carisma del Dr. Durán ha salvado una parte de su propósito con su lenguaje llano y sosegado, al ofrecer conocimiento y seguridad, e influir en el acatamiento colectivo y mayoritario de las medidas de protección.

Uno de los déficits en el manejo de los datos estadísticos por parte de la comunicación oficial, tanto del Ministerio de Salud Pública como de los medios de prensa, ha sido la falta de versatilidad de los formatos y las escasas derivaciones analíticas de los datos brutos.

En la web tuvo mucho mérito el servicio del grupo Postdata vinculado a la Facultad de Matemática y Computación de la Universidad de La Habana, cuyo decano formó parte de la comisión científica de asesoramiento al gobierno para el enfrentamiento a la COVID-19. A pesar de estos vínculos, se desaprovechó mucho la posibilidad de recurrir a estas gráficas en los medios de comunicación, y especialmente en la televisión, para incorporar mayor complejidad a la interpretación de los datos.

Más allá de los registros estadísticos sobre el perfil epidemiológico de la crisis, ofrecidos por el Dr. Durán, otras informaciones también estratégicas sobre la forma de enfrentar la cuarentena llegaron dispersas o fragmentadas. Fue el caso del Consejo Popular Carmelo en La Habana que fue declarado en cuarentena una noche —se cerrarían los accesos y salidas y se daría salvoconductos a los trabajadores imprescindibles— y al siguiente día hubo un solapado desmentido sobre la perentoria medida.

Asimismo, demoraron las aclaraciones sobre la forma en que grupos específicos de personas debían adoptar las restricciones de la cuarentena: impedidos físicos, embarazadas, mujeres jefas de hogar en familias monoparentales, ancianos viviendo solos, etc. Para todos ellos hubo asistencia social pero no siempre funcionó ni fue comunicado adecuadamente en todos los casos, por lo que se le restó impacto positivo en algunos grupos que necesitaron ayuda.

Durante toda la cobertura no se gestionó un sitio web único con toda la información necesaria, organizada y accesible. Esto significaría, entre otras cosas, reformular y complementar las largas transcripciones o relatorías de las Mesas Redondas informativas que hace Cubadebate, donde encontrar datos resulta engorroso por la diversidad de temas que se abordan; y las notas sobre los Consejos de Ministros, casi siempre muy esterilizadas, que suelen publicarse en el sitio de la Presidencia y se reproducen en el resto de los medios de prensa oficiales.

Para el público cubano que se conecta a Internet dejando una parte sensible de sus ingresos en las arcas de ETECSA, hubiera sido mucho más útil tener un lugar único desde donde obtener información epidemiológica, declaraciones gubernamentales, reacciones de las instituciones, opiniones, reportajes locales, información científica, resúmenes internacionales, etcétera.

Además del Dr. Durán, varios directivos como el Primer Ministro, Manuel Marrero; el Ministro de Salud Pública, el Dr. José Ángel Portal; o el Ministro de Economía, Alejandro Gil, adquirieron mayor visibilidad y ganaron simpatías nuevas al mostrarse resolutivos, con autoridad y voz propia.

La participación de muchos científicos, de varias disciplinas, en el abordaje público del tema, benefició la cobertura desde los medios de comunicación oficiales.

En cuanto a los medios alternativos digitales, en general se notó la alineación en favor de la protección de la salud y la postergación de agendas ideológicas para dar paso a un periodismo centrado en la gravedad de las circunstancias: en la prevención y movilización de la percepción de riesgo y en facilitar la información de servicio y sobre derechos y deberes de las instituciones y la ciudadanía frente a la crisis.

En muchos casos, el discurso ganó calidad al tener que / poder evolucionar hacia la producción de piezas informativas más enfocadas en los “datos duros” que describen la situación en Cuba y el mundo. Esto implicó recuperar atributos profesionales propios del periodismo como la contrastación de fuentes, la atribución de autoridad de las fuentes, el poner en contexto los datos y las informaciones, entre otros. Fue así incluso en medios que habitualmente apuestan por maximizar el tráfico de usuarios apelando básicamente a la emocionalidad y mediante la producción de falsas noticias —sobre asuntos de dudoso valor noticiable— y a veces, también, noticias falsas —o medias verdades— que se convierten en trending.

Esa prensa de algoritmo, nativa digital, no solo se deriva de la mediación tecnológica. Su éxito ha venido creciendo en la medida en que alimenta la polarización entre cubanos. Es una de las consecuencias de la era de la posverdad instalada bajo el trumpismo y cuyas influencias también alcanzan la esfera pública cubana.

Frente a esta pandemia se probó la utilidad del periodismo de investigación. Más de un reportaje contribuyó a esclarecer acontecimientos y marcar pautas de cómo abordarlos periodísticamente. Entre los varios ejemplos que podrían citarse, vale un reportaje aclaratorio publicado en el diario Invasor de Ciego de Ávila, a raíz de un evento de transmisión local en el municipio de Florencia.

El caso fue mencionado por el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, quien calificó a las personas como “unos irresponsables” y llamó a actuar con todo “rigor”. Invasor desmintió indirectamente ese enfoque y aclaró que la supuesta fiesta donde se había producido el contagio colectivo no fue más que un almuerzo familiar con cubanos residentes en Estados Unidos y que ocurrió varios días antes de la fecha en que el gobierno cerrara las fronteras y emitiera medidas de protección, confinamiento y distanciamiento físico.

El periódico local averiguó los hechos y contribuyó a redimir la dignidad de los afectados y a descubrir, con este ejemplo, el conjunto de descuidos de quienes debían velar por que no circulara el virus.

La especialización en la caza de bulos, mentiras prefabricadas, noticias falsas, oponiendo a ellas información verificada y contrastada, demostró que puede ser un camino prometedor para nuevas iniciativas mediáticas en Cuba. Hay que mencionar la cobertura conjunta entre El Toque y Periodismo de Barrio, para contrarrestar la infodemia colateral al virus SARS-CoV-2.

El 21 de mayo ETECSA afirmaba que desde marzo se había incrementado en un 46% el tráfico de voz por teléfonos móviles; en un 92% el de datos móviles y en un 96% por Nauta Hogar. La cantidad de información que han hecho circular usuarios cubanos desde Cuba por aplicaciones como Whatsapp, Telegram, Twitter, Facebook e Instagram ha crecido extraordinariamente a partir de la COVID-19.

Incluso usuarios perspicaces fueron más de una vez presa de cadenas de contagio en la infodemia. Quizás uno de los primeros bulos que hubo que desmentir fue sobre la descripción del Interferon-Alfa2B cubano como una vacuna. Este enfoque se propagó en algunas redes sociales, a menudo por personas solidarias con el gobierno de Cuba y que, lejos de ayudar, servía para disminuir la percepción de riesgo.  

Hay indicios de que junto a la carga negativa que depositó sobre los hombros de los individuos y de las instituciones, el enfrentamiento a la COVID-19 también puede haber propiciado el fortalecimiento de lazos de solidaridad y corresponsabilidad, vigorizados además por un sentimiento compartido de que se ha ganado, gracias al concurso de muchos, la partida más peligrosa contra la pandemia en la Isla.

Como aprendizaje queda la ratificación de que la verdad no dicha, omitida, deliberadamente o por descuido, o la medio verdad, genera un vacío que siempre se rellenará; muchas veces con información falsa o de baja calidad, útil para manipular a las audiencias y no para dotarlas de mayor corresponsabilidad y arbitrio.

Los cubanos en redes sociales —donde se reúnen quienes residen en la Isla y quienes viven en la diáspora a compartir rasgos de su identidad, a despotricar o a construir consensos— “ganaron”, por medio de los debates y denuncias, algunas “batallas” que dejan enseñanzas. Contribuyeron a tomar la decisión del cierre de fronteras y de escuelas, más temprano que tarde; consiguieron influir en una rebaja de tarifas de ETECSA, todavía insuficiente, que aun así alivió el bolsillo de muchos; forzaron la autocrítica pública y los intentos de corrección a los sistemas de venta online de productos en divisas; exigieron el “rescate” de una nota de prensa retirada de Granma (luego restituida, con cambios) en la que Díaz-Canel anunciaba “una Estrategia de Desarrollo Económico y Social, donde se ratifique que no podemos seguir haciendo las cosas de la misma manera” y hablaba de “introducir en los esquemas económicos y en las políticas de desarrollo, los nuevos actores y prácticas que han estado aprobadas” en los documentos programáticos de la economía elaborados en la última década.

Las interacciones en las redes son un tipo de acción social muy relevante que las autoridades monitorean y que genera intercambios de doble sentido entre el mundo virtual y el físico. La “conversación” en las redes sociales cubanas tiene una dimensión transnacional y afecta la acción deliberativa, la agenda mediática, la creación de opinión pública y la toma de decisiones en Cuba.

Otro de los triunfos parciales conseguidos fue la rectificación en la cobertura de presuntos hechos delictivos a los que comenzó celebrándoseles juicios paralelos por televisión. Hasta el 4 de junio el Noticiero Nacional de Televisión dio cuenta de 52 casos y en muchos de ellos se exponía la imagen e identidad de los presuntos culpables, y se les sometía a interrogatorios y careos ante las cámaras. Tal comportamiento fue éticamente reprobado, incluso por periodistas de medios oficiales, y cuestionado como una mala práctica que afecta el debido proceso.

Tras las ingentes críticas, los reporteros y editores de los informativos de televisión comenzaron a abstenerse de repetir ese método.

El largo plazo

Aunque las estadísticas ofrezcan la posibilidad de hacer lecturas positivas y optimistas desde el punto de vista sanitario, esta enfermedad ha segado vidas y ha dejado dolor en familias cubanas. La pandemia de la COVID-19 ha sido para Cuba, como para todos los países afectados, una desgracia.

Los efectos sociológicos y sicológicos de la pandemia todavía no pueden describirse o explicarse plenamente. Hay indicios de que junto a la carga negativa que depositó sobre los hombros de los individuos y de las instituciones, el enfrentamiento a la COVID-19 también puede haber propiciado el fortalecimiento de lazos de solidaridad y corresponsabilidad, vigorizados además por un sentimiento compartido de que se ha ganado, gracias al concurso de muchos, la partida más peligrosa contra la pandemia en la Isla.

La gestión de la comunicación en sentido general, considerando todo el ecosistema mediático, ha sido mucho más efectiva que ante eventos críticos previos. Por citar solo dos ejemplos del pasado: el tornado de enero de 2019 y la recuperación de sus efectos y, antes, la caída del avión en La Habana en 2018.

Hubo mayor transparencia y sistematicidad en el ofrecimiento de datos, diversidad de canales y voces, menos ruido propagandístico (de ambos signos), visibilización de realidades locales, nuevas formas de articularse la sociedad civil y la sociedad política, entre otros elementos. Sin embargo, nadie debe colocarse una medalla en el pecho, o atribuirse algún mérito especial. Queda un largo trayecto para alcanzar mayor pericia periodística, democratización de la sociedad, el improrrogable ordenamiento jurídico, y la restauración de valores políticos y morales colectivos que refuercen nuestra identidad.

Una vez controlada la pandemia, en Cuba persiste la peor de sus crisis, la económica, cuyos orígenes no coinciden con la irrupción del virus, sino que lo preceden. La crisis de la COVID-19 ha venido a acentuar los traumas de una economía con deformaciones estructurales que ha depositado una penosa carga sobre los ciudadanos. 

No habrá soluciones mágicas, pero ahora son más urgentes que nunca. Las posibles salidas del pantano económico se entrelazan también con los asuntos que hemos tratado hasta ahora: la manera en que la ciudadanía y las autoridades promuevan y gestionen procesos de comunicación y diálogo; que cedan el centralismo y el autoritarismo, frente a la legalidad, la participación ciudadana y el consenso.

Milena Recio es periodista, editora, y MSc. en Comunicación por la Universidad de La Habana (UH). Ha sido editora web de la revista web OnCuba y Progreso Semanal. Fue profesora en el Instituto de Periodismo “José Martí” y en la Facultad de Comunicación de la UH. Es autora del libro “Periodismo Digital: el límite de lo posible» (2006).