Pobreza y (des)amparo en “la coyuntura” cubana

En 1990, durante la clausura del V Congreso de la Federación de Mujeres Cubanas, el entonces presidente Fidel Castro dijo: “Debemos estar preparados para las peores circunstancias (…) El principio general (…) quiero que ustedes sepan que sería, cuando menos, que lo que tengamos lo repartimos entre todos”. En la sala hubo aplausos y probablemente en muchos hogares cubanos se agradeció el anuncio de que el afrontamiento de la crisis sería igualitario y cooperativo. A la fecha, Cuba era un país bastante igualitario (coeficiente de Gini de 0,24) y con bajos índices de pobreza (6,6% de la población)[1].

El gobierno no implementó entonces un paquete neoliberal de ajustes, como sí lo habían hecho ya buena parte de los países de la región que, por otras razones, también estaban en crisis. Se mantuvieron circuitos de amparo social y zonas de igualdad (sistemas públicos universales de salud y educación, canasta básica, pensiones, etc.). El Estado no perdió su función de coordinador, aunque sí desplegó, de facto y sin que fuera un programa formal, estrategias de enfrentamiento a la crisis que condicionaron la ampliación de brechas de acceso a ingresos y recursos. El empobrecimiento aumentó radicalmente y también el índice de desigualdad.

Parte importante de las estrategias que hasta ese momento permitían vivir dejaron de funcionar. El papel del Estado en el aseguramiento del bienestar disminuyó. Se produjo una heterogenización profunda de la sociedad en términos de mercados laborales, ingresos y estrategias de sostenimiento de la vida. Las políticas de redistribución de recursos y protección social también cambiaron, a veces en sentido proteccionista y a veces con consecuencias desigualadoras. A lo anterior se sumaron cambios en los formatos de familia y demográficos, en los procesos de emigración externa y las remesas; y en los patrones de migración interna. El bloqueo comercial y financiero que desde 1962 y hasta el presente despliegan los gobiernos estadounidenses se recrudeció y ello esculpió parte de las condiciones de (im)posibilidad para afrontar la crisis.

Durante los 90 la estructura socioclasista se transformó, y se fue consolidando un perfil del empobrecimiento y/o de riesgo a padecerlo que perdura hasta hoy: mujeres en general, madres solteras y/o jefas de hogar o con personas dependientes a cargo, personas de la tercera edad viviendo solas sin apoyo familiar, población negra y mestiza, trabajadores estatales en ocupaciones de baja calificación, migrantes internos en asentamientos precarios y trabajadores rurales estacionarios[2]. La crisis iniciada en los 90 se ha ensamblado con otras, de distinta naturaleza, que operan en el presente.

“La coyuntura”

En 2010, la situación del país no era la de los 90, pero había crisis. Para afrontarla se crearon, debatieron y aprobaron en 2011 los Lineamientos de la Política Económica y Social. En esa fecha el liderazgo político afirmó, a la usanza de la narrativa igualitarista, que “en Cuba nadie quedará desamparado”. En 2019 la situación era peor que en 2011 y el expresidente Raúl Castro afirmó que aunque no sería lo mismo que en los 90 “la situación podría agravarse”.

Desde inicios de 2020 la pandemia de la COVID-19 empeoró todo. En ese contexto empezó la Tarea Ordenamiento (TO), que retomó algunas de las reformas económicas de los Lineamientos, planteó algunas nuevas; y produjo la unificación monetaria y cambiaria de las dos monedas que hasta ese momento eran operativas en el país. Así se esperaba aliviar las distorsiones de la economía nacional y sortear la asfixia estadounidense. Con el antecedente de los 90, la década de la “actualización” al “ordenamiento” define la coyuntura cubana, frente a la cual los dirigentes políticos han continuado afirmando que nadie quedaría desamparado.

La cuestión del desamparo no pertenece solo a la gramática de la política institucional. Es parte también del lenguaje de las Ciencias Sociales que ha nombrado a la pobreza en Cuba “pobreza con amparo”. Así se llamó la atención sobre que la existencia de políticas sociales que protegen a grupos empobrecidos, que el marco de igualdad y justicia social continúa operativo y que persisten zonas de igualdad. A medida que la crisis erosiona el sostenimiento de la vida, profundiza la incertidumbre y transforma las políticas de protección social, el marco de la “pobreza con amparo” tendría que revisarse.

No existen datos oficiales recientes sobre pobreza en Cuba. La última cifra es de inicios de los 2000 e informó un 20% de pobreza urbana[3]. Más recientemente, el informe sobre Cuba referido a la implementación de la agenda 2030 argumentó que los métodos de línea de pobreza, necesidades básicas insatisfechas o de montos fijos diarios en USD no tienen validez para el país porque los niveles diferentes de ingresos monetarios no privan del acceso a servicios básicos, muchos de los cuales son universales y gratuitos o subvencionados, por lo que es más factible otro tipo de cálculo. En 2020, se estimó una incidencia de pobreza multidimensional de 0,4 por ciento de la población[4].

Ese análisis arroja zonas de verdad, pero obscurece otras. En efecto, existen en Cuba políticas sociales no directamente dependientes de los ingresos, como la salud y la educación, pero cada vez más su aprovechamiento depende de los ingresos familiares. Por ejemplo, el aprovechamiento de las mismas políticas de salud y educación depende de la capacidad de llegar a las escuelas o a los hospitales si se vive distante de los mismos, de asegurar ropa y zapatos, meriendas y almuerzos escolares, comida para complementar la que ofrecen los hospitales o, incluso, comprar medicamentos crecientemente escasos. Al mismo tiempo, por tres décadas se ha producido un aumento de la mercantilización del acceso a los consumos básicos debido a la reducción de los subsidios, incremento del costo de los servicios públicos de electricidad, agua, etc. y, en general, del costo de la vida. Por esa razón, ingresos suficientes son imprescindibles. Su ausencia implica riesgo de empobrecimiento y la agudización de la pobreza allí donde ya está instalada. A la vez, se ha producido un deterioro en general de las políticas sociales y deterioro del salario real.

Anaya y García (2018) demostraron que las familias que dependían en 2016 de un salario medio o de un salario y una pensión medios, no estarían en condiciones de enfrentar los gastos básicos que sostendrían su vida. Tomando como referencias los precios de ese año e incorporando al consumo de alimentos como las hortalizas, frutas, lácteos y grasas comestibles, una familia de tres personas necesitaría más de dos salarios para cubrir sus gastos básicos. La conclusión de esas autoras luego de analizar el proceso de reforma económica fue que “una parte considerable de los empleados estatales ha visto deteriorarse sistemáticamente el poder de compra de su salario”, y lo mismo para quienes reciben pensiones[5].

La caída de la capacidad real del salario medio y la pensión media estatales, a pesar de su ascenso nominal, ha sido fundamental durante la reforma. Entre 2007 y 2019 el salario aumentó 1,9 veces, pero eso no significó lo mismo para todas las personas. Hubo variaciones importantes en función del sector de la economía, los sectores empresarial y presupuestado, y también entre las provincias: las provincias orientales, y especialmente Guantánamo son las que tienen menor salario medio. Además, la política salarial continúa sin responder a las necesidades de consumo pues la moneda nacional no ha hecho sino bajar su capacidad de compra y el precio de la canasta básica subir. Si en los 80 los salarios estatales representaban el 80% de los ingresos, en 2016 representaba el 46% aproximadamente[6] y el 71% de los ingresos de un hogar tendrían que dedicarse a los alimentos[7]. El resultado ha sido una des-salarización de los ingresos individuales y familiares.

Durante la TO se produjo una nueva reforma salarial cuya base de cálculo para el salario mínimo fue la Canasta de Bienes y Servicios de Referencia. En disonancia a los cálculos oficiales y teniendo en cuenta variables como el costo de la escasez, economistas han calculado que para poder satisfacer las necesidades básicas el salario mínimo debió haberse incrementado 11 veces y que, para amortiguar los nuevos precios, el crecimiento promedio de los salarios debió ser de 8,42 veces como mínimo. Sin embargo, los salarios crecieron 9,6 veces en el sector empresarial y 3,9 veces en el presupuestado. La TO está reduciendo aún más el poder adquisitivo de los salarios estatales, proceso que ya venía desde antes[8]. Por lo mismo, aumenta el riesgo de empobrecimiento o la intensidad de la pobreza de quienes ya están en esa condición.

Pero lo anterior debe analizarse en relación con otro asunto: la diversificación de las fuentes de ingreso. En ello ha tenido un peso importante la heterogenización de los mercados laborales[9], que ha cambiado el mapa del empleo en varios sentidos: a) disminución drástica, de 10 puntos porcentuales, de la tasa de actividad económica en la década de la “actualización” al “ordenamiento”, b) disminución del empleo estatal en más de 1millón de trabajadores y trabajadoras; c) crecimiento del Trabajo por Cuenta Propia (TCP) que acogió a una parte pero no a toda la fuerza de trabajo que salió del sector estatal; d) por todo lo anterior, probable crecimiento del sector informal del trabajo, aunque no existen cifras oficiales sobre ello; e) probable aumento del desempleo real, que ya había crecido en la última década y afectado más a las mujeres[10]; f) probable pérdida de ingresos propios de muchas personas.

La pandemia, que ha sido a la vez condicionada por y condicionante de la TO, también ha modificado los mundos del empleo. Quienes participan del sector estatal (cerca del 70% de la Población Económicamente Activa) han sido objeto de políticas protectoras[11] pero el sector privado se ha estrechado dramáticamente por la baja del turismo y en general la pérdida de ingresos de las personas y familias. En febrero de 2021, el 45,5% del total de personas con licencia en el sector privado las habían suspendido. Es probable que una parte importante de ellas hayan sido “contratadas”, actividad en la cual se ocupan principalmente las mujeres del sector. Una parte importante de quienes se emplean en el TCP ha quedado sin ingresos, no tiene seguro de desempleo y hoy vive de ahorros o se ha incorporado a un sector informal que podría estar también precarizado porque la escasez continúa escalando. La oferta estatal y privada de empleo frente a esta situación es escasa e insuficiente. Quienes están en riesgo de pobreza podrían acogerse a asistencia social pero la misma se ha estrechado considerablemente en la larga coyuntura.

Durante más de una década de reformas, el gasto social ha disminuido proporcionalmente respecto al presupuesto estatal y al Producto Interno Bruto. Para los grupos empobrecidos, el Estado continúa desplegando programas de protección monetarios y no monetarios[12]. Sin embargo, se evidencia una reducción de los gastos de la Asistencia Social. Entre 2006 y 2018, el gasto del presupuesto asignado a la asistencia social se contrajo dos puntos porcentuales (de 2,2 % a 0,3 %); mientras que el número de beneficiarios asistenciales como proporción de la población decreció casi cuatro puntos (de 5,3% a 1,6%)[13].

En la pandemia y la TO, a partir de abril de 2020, se implementaron medidas de protección para personas de 65 o más años, prestaciones monetarias temporales de la asistencia social y otras para núcleos familiares o personas consideradas vulnerables, pero han sido altamente insuficientes. Las pensiones de Asistencia Social son extremadamente bajas y están muy lejos de asegurar una canasta básica de bienes y servicios. Las pensiones han perdido aún más su valor.

El riesgo de empobrecimiento y el agravamiento de la pobreza escalan si tenemos en cuenta la segmentación de la oferta de productos básicos que ha venido con la TO y la pandemia. Entre las primeras medidas implementadas a mediados de julio de 2020 estuvieron la eliminación del gravamen del USD y la apertura de tiendas en divisas para quienes tuvieran acceso a ellas, fundamentalmente a través de remesas o por otras vías. Los que comenzaron siendo establecimientos de venta de productos de gamas media y alta, se han convertido en tiendas de productos de primera necesidad que, por otra parte, no están disponibles o son muy escasos en los mercados en moneda nacional. El sostenimiento de la vida queda, al menos en parte, a expensas de la disponibilidad de divisas.

En junio de 2021 se implementó una nueva medida, anunciada como temporal, que impide colocar en los bancos nacionales USD en efectivo para recargar las tarjetas en divisas que es la única vía para comprar en esos establecimientos. Ello, unido al hecho de que los canales de envío de remesas se han restringido considerablemente a razón del bloqueo financiero a Cuba del gobierno de Estados Unidos, han vuelto a desestructurar las estrategias familiares de reproducción de la vida.

La situación antes descrita aumenta el riesgo de empobrecimiento o la agudización de la pobreza y reafirma el perfil de pobreza que se comentó antes:

1. Mujeres en general, que continúan con menor posibilidad de participar de los mercados laborales: al 2020 casi una de cada dos mujeres no tiene empleo formal en el país. Una de las condicionante de ello puede ser la división sexual del trabajo que las continúa responsabilizando del sostenimiento de los hogares, realizando más trabajo doméstico y de cuidados impago, frente a la escasez de servicios de cuidados a menores, personas mayores, enfermas o con capacidades especiales.
2. Mujeres previamente empleadas en el sector privado, la mayoría de las cuales eran o son contratadas y podrían estar en mayor riesgo de pobreza por la crisis al perder el empleo.
3. Mujeres jefas de hogar, que han crecido en número en los últimos años y lo seguirán haciendo. En 2012, solo el 39.17 de las jefas de hogar tenía empleo. Actualmente pueden ser más y tener más precariedad.
4. Mujeres rurales, que tienen baja vinculación laboral: son el 46,3% de la población rural y el 26,1% de la población rural económicamente activa[14] y que muchas veces realizan trabajo considerado “familiar” sin remuneración[15].
5. Personas trans, uno de los grupos más precarizados, con bajísimas tasas de participación laboral, alta presencia en el sector del trabajo sexual y objeto de discriminación y exclusión social y económica.
6. Personas pensionadas. Los aumentos nominales de las pensiones en los últimos años, incluido el de la TO, no ha contenido la pérdida de valor adquisitivo de las pensiones ni el decrecimiento de la correlación pensión media / salario medio, que es más grave en las provincias orientales, donde el salario medio es menor[16]. 
7. Personas mayores sin ingresos. Las encuestas nacionales y estudios cualitativos han demostrado la percepción de carencia de las mismas; especialmente quienes no reciben remesas. Unido a ello están sus dificultades de movilidad (acceso a viviendas en plantas altas sin ascensor, etc.), el estado de sus viviendas y carencia de acceso a servicios básicos como agua potable (el 31% de personas mayores que viven solas presentan déficit en ese servicio, por ejemplo) son otros elementos que intervienen en la precarización de estos grupos[17].
8. Migrantes internos. Sobre todo, quienes se encuentran en situación irregular o tienen altos grados de precarización desde el punto de vista habitacional y de recursos económicos y que están sobrerrepresentados dentro de la población en riesgo o empobrecida. Además, la migración interna en Cuba está feminizada y tiene más posibilidad de tener que realizar trabajo informal, sin derechos; y mantienen altos grados de dependencia pues deben enviar remesas y bienes de consumo a la familia que aun reside en sus lugares de origen[18].
9. Personas negras y mestizas, que están sobrerrepresentadas en los grupos empobrecidos y padecen desigualdades que se expresan en la estructura socio-laboral (escasa presencia en el sector emergente, especialmente el de alta rentabilidad, por ejemplo), las alternativas de ingreso económico (menor acceso a remesas) y en la ocupación del espacio urbano y la vivienda (peores condiciones habitacionales)[19]. Además, se ha probado correlación entre color de la piel, género y jefatura del hogar, que refuerza el empobrecimiento de las jefas de hogar negras y mestizas. Ellas también tienen más probabilidad de embarazos adolescentes y en general las mujeres racializadas, y de la zona oriental, presentan mayores desventajas.

La situación de crisis actual, donde se traban pandemia y TO, aumenta el riesgo de empobrecimiento, especialmente, aunque no de forma exclusiva para esos grupos. Por todo, el compromiso con la justicia integral, real y efectiva, necesita estar en el centro de la agenda. Sin embargo, la conversación política parece dirigirse con más insistencia hacia otros derroteros y consolidar un giro que analistas han verificado en los últimos años: de un régimen de bienestar estadocéntrico y no mercantilista, a uno familiarista y con mayor espacio del mercado, donde las personas dependen cada vez más de las familias y de su capacidad de ingresos. La conversación sobre la pobreza y el sostenimiento de la vida, sin eufemismos, necesita resituarse en el centro de la política.

Ailynn Torres Santana es investigadora postdoctoral del Grupo Internacional de Investigación sobre Autoritarismo y Contraestrategias (IRGAC) de la Fundación Rosa Luxemburg, investigadora visitante de la Freie Universität Berlin e investigadora asociada de FLASCO Ecuador. Ha sido profesora asociada en la Universidad de la Habana (2006-2012) y profesora invitada en Freie Universität Berlin (2021), FLACSO Ecuador (2016-2018, 2020), Universidad de Barcelona (2015, 2018) y University of Massachusetts Amherst. (2018). En 2019 fue investigadora visitante en la Universidad de Harvard. Sus intereses de investigación incluyen movimientos feministas, desigualdad y ciudadanía en América Latina. Es editora de los libros Derechos en riesgo en América Latina: 11 estudios sobre grupos neoconservadores (Quito / Bogotá: Fundación Rosa Luxemburgo / Desde Abajo, 2020) y Los cuidados: del centro de la vida al centro de la política (Santiago: FES , 2021). Es autora de numerosos capítulos de libros y artículos académicos. Es miembro de los consejos editoriales de Cuban Studies (Universidad de Harvard) y Sin Permiso (Barcelona). Su web personal es: atorressantana.com.

Ilustración por Maikel Martínez Pupo. Encuentralo por @MaikelStudio @maikelmartinezpupo.

[1] Andrew Zimbalist y Claes Brundenius (1989) “Crecimiento con equidad en una perspectiva comparada”, en Cuadernos de Nuestra América No 1.

[2] Peña, Á. (2017) “Regímenes de bienestar en Cuba: Notas para una discusión.” En Debates actuales sobre política social: Cuba en el contexto de América Latina y el Caribe, compilado por María del Carmen Zabala, 142–158. La Habana: FLACSO-Cuba/Fundación Friedrich Ebert.

[3] Ferriol, Á. (2004), “Política social y desarrollo”, Política social y reformas estructurales: Cuba a principios del siglo XXI (LC/L.2091), E. Álvarez y J. Mattar (eds.), México D.F., Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Publicación de las Naciones Unidas.

[4] El cálculo se refiere a 2017 y toma en cuenta los siguientes indicadores: nutrición, mortalidad infantil, años de escolarización, asistencia a la escuela, combustible para cocinar, saneamiento, agua potable, electricidad, vivienda, activos.

[5] Anaya, B. y García, A.E. (2018) “Gastos básicos de las familias cubanas urbanas dependientes de salarios y pensiones: dinámica reciente”, en Anaya, B. y Díaz, I., Econonía Cubana, entre cambios y desafíos, Centro de Estudios de la Economía Cubana / Fundación Friedrich Ebert / Instituto Cubano de Investigación Cultural Juan Marinello, La Habana.

[6] Echevarría, D. (2021) “Dimensión social del desarrollo humano local: empleo y salarios”, en PNUD/CIEM, Informe Nacional de Desarrollo Humano – Cuba 2019. Ascenso a la raíz. La perspectiva local del desarrollo humano en Cuba, PNUD/CIEM, La Habana.

[7] Tomando como referencia un consumo de 3524 calorías al día. Anaya, B. y García, A.E., op.cit.

[8] Echevarría, op.cit.

[9] También las remesas influyen en esta heterogenización de las fuentes de ingreso.

[10] Echeverría, op.cit.

[11] Protecciones salariales para trabajadores y trabajadoras estatales; madres trabajadoras estatales con hijos e hijas, reubicaciones laborales con protección salarial, licencias no retribuidas para cuidados, etc.

[12] Por ejemplo: “Programa nacional de servicios sociales comunitarios para el adulto mayor”, “Programa de trabajo social con madres solas de hijos con discapacidad severa”, “Programa de atención e integración social en la comunidad a personas con discapacidad”, “Programa de atención a niños en desventaja social”.

[13] Mesa-Lago, C. (2020) “Impacto del envejecimiento en la protección social en Cuba”, en Acosta, E., Crisis de cuidados. Envejecimiento y políticas de bienestar en Cuba, Universidad Sergio Arboleda, Escuela de Política y Relaciones Internacionales, Bogotá.

[14] Lara, T. (2021) “La equidad de género. Avances y desafíos”, en PNUD/CIEM, op.cit.

[15] Hidalgo, V. y León, R. (2021) “Familia, trabajo y ruralidad en el contexto cubano: Configuraciones y realidades”, en Estudios del Desarrollo Social: Cuba y América Latina, Vol. 9, No. 1, Enero-Abril.

[16] Munster, B. (2021) “Dimensión social del desarrollo humano local”, en PNUD/CIEM, op.cit.

[17] Acosta, E. y Baquero, S.A. (2020) “Radiografía del envejecimiento poblacional en Cuba: desigualdades acumuladas y nuevas vulnerabilidades”, en Acosta, op.cit.

[18] Hidalgo, V. y León, R., op.cit.

[19] Zabala, M.C. (2021) “Los estudios de las desigualdades por color de la piel en Cuba: 2008- 2018”, en Estudios del Desarrollo Social: Cuba y América Latina, Vol. 9, No. 1, Enero-Abril.