Cita en La Habana: ¿en busca de un Estado-nación transnacional?

En abril de este año 2020, debió realizarse en La Habana un nuevo encuentro de ese ciclo de reuniones esporádicas de emigrados cubanos con autoridades y funcionarios de la Isla.  La COVID-19 lo hizo imposible, pero muchos suponemos que no demorará en concretarse una vez que la pandemia esté controlada. Además, algunos presumimos que el impacto de la desdicha podría insuflar mayor dimensión al encuentro, a sus resultados.      

Cuba atraviesa cada vez mayores dificultades económicas y un progresivo deterioro del bienestar social. Esto no será reversible sin la participación activa e igual de todos los cubanos. Por ello, todos los foros, en esta circunstancia, deberían procurar una proyección abarcadora de Cuba; o sea, con todos y hacia todos los cubanos.

Esta reunión del Estado cubano con emigrados debería orientarse en esta perspectiva. Resulta difícil saber si el gobierno comprende la urgencia de este concurso tan universal e integral. Pero es obvio que, al menos, entiende la necesidad de alguna implicación mayor de cubanos otrora preteridos, si estos pueden contribuir a cierta estabilidad, sobre todo económica. No obstante, ello demandaría un proceso más amplio, capaz de institucionalizar gradualmente, pero sin vacilaciones, el status de emigrante de estos cubanos. Pues de lo contrario, lo que puede constituir una “emigración”, queda convertida en una especie de exilio.

El emigrante es una persona que se establece en un país del cual no es natural, pero conserva en su país de origen todos los derechos, formales y materiales, incluido los políticos. A la vez, la emigración puede ser por causas familiares, económicas y hasta políticas, entre otras posibles. Ahora bien, la causa eficiente capaz de compeler a una persona para trasladar su residencia hacia un país extranjero es la que decide la calificación del movimiento y no coincide siempre con la motivación inmediata que la persona pudo percibir.

Si alguien decide marcharse de su país para reunirse con otros familiares quienes, a su vez, se han marchado antes porque—igual que a él—se les ha hecho difícil desarrollar la vida con las correspondientes condiciones humanas, entonces la causa eficiente no es la reunificación familiar, sino aquello que imposibilita las condiciones humanas de la vida. Tampoco encontraríamos la causa eficiente—por supuesto—en la debilidad económica, si la motivación fuera la carencia de recursos materiales; la causa estaría en los obstáculos para que exista el debido crecimiento económico. En ambos casos—es obvio—el motivo primario radica en un orden deficiente para garantizar condiciones de vida. Así, estaríamos ante una causa de carácter político.

Por otro lado, si al emigrante, no importa de qué tipo sea (familiar, económico, político u otro), se le priva de los derechos en su país natal, deja de ser un ciudadano de éste, aunque continúa siendo un natural del mismo, lo cual lo convierte en un exiliado. El exilio implica destierro; ya sea por una resolución oficial que declare a alguien exento de derechos en su país de origen y lo obligue a abandonarlo; o porque al marcharse una persona de su país, oficialmente pierda sus derechos formales y/o materiales. Y refugiado puede ser únicamente quien se vio forzado a abandonar su país por correr un peligro real y directo.

Llegado hasta aquí, es posible comprender que nuestra diáspora podrá ser considerada como emigración y no como exilio, si se garantiza el universo de relaciones familiares, culturales, económicas y políticas entre los cubanos, vivan donde vivan. El tema económico es sólo uno de ellos, si bien importante. Además, no sería posible que el emigrante se comprometa en el establecimiento de una economía, sin garantizar que, con ello, accederá en Cuba a sus anhelos individuales, sociales y políticos. Por eso también sería imprescindible que los emigrados recuperen el derecho a participar en la vida política de la Isla.

En tal caso, la próxima reunión en la capital cubana sería el suceso adecuado para formalizar el empeño, colocarlo en la esfera pública y comenzar gestiones que procuren legitimarlo. Sería algo positivo que merecería apoyo.

Sin embargo, la solución de todo esto solo podría ser parte de una gestión más integral. Ahora que será permitida la empresa privada, no sería posible plantear la propiedad de empresas en la Isla por parte de cubanos emigrados si también no pudieran poseerla en idénticas condiciones los cubanos domiciliados en ella. Tampoco sin que los cubanos, ya residan en la Isla o en otros países, puedan participar de un tejido asociativo genuino, sin tener que ingresar en las agrupaciones civiles anexas al PCC, cuando no posean dicha ideología. Igualmente, sería necesario lograr que los emigrados puedan ejercer el derecho al voto en Cuba, pero esto también demandaría que los todos los ciudadanos cubanos puedan nominarse para ocupar cargos públicos (no sólo para delegado de circunscripciones municipales). Por citar unos pocos ejemplos.

Pero el actual epicentro de estas problemáticas se encuentra en la necesidad de una actitud y un orden de distención entre cubanos con ideas y posiciones diferentes que simpatizan o no con el poder oficial, ya sean emigrados o residentes en la Isla. Ello, a la vez, es un reto disonante para determinados fundamentos de la ideología vigente. Por eso, sería irresponsable aspirar a que los organizadores de la reunión en La Habana y los emigrantes que asistirán al mismo tiempo a un evento de índole determinada, procuren solución definitiva a todo esto. Sin embargo, no cabría, en este momento, un evento de cierto carácter nacional que deje de orientarse hacia el universo de soluciones.

Por otra parte, la reunión cargará con antiguas dificultades casi administrativas, que los burócratas han sido incapaces de solucionar, y resultan insostenibles políticamente. Entre ellas, los excesivos costos de los trámites consulares de los emigrados cubanos, las facilidades para estar fuera de Cuba por más dos años sin perder la residencia permanente y los bienes en la Isla, y la necesidad de procedimientos más adecuados para la repatriación de los cubanos emigrados. Ojalá se comunique una solución auténtica para todo ello antes de la cita. No se organiza una reunión de esta índole para tratar esos asuntos.

Asimismo, resulta conveniente que el evento se agencie desde una metodología democrática que asegure representatividad de la sociedad cubana transnacional. Además, quizá como ningún otro de estos encuentros, este posee el imperativo de lograr deliberaciones adecuadamente libres y encauzadas alrededor de una agenda elaborada de manera plural.

Roberto Veiga González es Director del Laboratorio de Ideas Cuba Posible (2014-) y miembro del Diálogo Interamericano (2015-). Tambien fue Editor de la revista católica Espacio Laical (2005-2014).