Our Statement on the Cuban Government’s New Private Sector Restrictions

WASHINGTON D.C. – Three years ago, the approval of a legal framework for private small and medium-sized enterprises (“SMEs”) in Cuba represented a glimpse of hope in otherwise bleak times. While far from optimal, new openings appeared to finally signal the Cuban state’s recognition that a deeper role for the market and private enterprise was necessary if the nation was to pivot from its worst crisis in three decades toward recovery and long-term prosperity. The results were insufficient but held promise: over 11,000 SMEs were approved, creating jobs and supplying an otherwise imploding economy with imported and locally sourced goods and services. Further measures like allowing private enterprises to receive foreign investment and have access to a formal currency market could have helped reverse Cuba’s economic freefall.

Instead, under the rubric of correcting “distortions” and “tax evasion” in a “wartime economy,” last week the Cuban government published a revised legal framework poised to severely hinder private sector growth. It comes at the heels of a months’ long campaign to scapegoat private enterprise for problems like inflation that are primarily the result of the state’s own economic mismanagement. If broadly interpreted and enforced, the new framework could constitute a dramatic step backwards for the Cuban economy.

Its decrees impose myriad new obstacles for creating and operating private businesses in Cuba. New constraints on wholesale imports raise steep barriers of entry for small players, favoring bigger operators already in the market. The delegation of authority over new enterprise approval to municipal governments comes saddled with burdensome restrictions. Meanwhile, new banking requirements ignore that foreign accounts and informal currency exchanges have been necessary workarounds to the state’s refusal to provide a legal means for private businesses to purchase the hard currency they need to pay foreign suppliers. 

For years, the Cuba Study Group has argued that the path to sustainable relations between the United States and Cuba runs, in no small part, through greater economic integration, particularly with the Cuban diaspora. While too limited in our judgment, the Biden administration took an important step in this direction when it recently issued a general license allowing private Cuban entrepreneurs to open U.S. bank accounts. Far from leveraging such possibilities, the new Cuban decrees spurn them. Moreover, the new requirement that any partner of a private enterprise in Cuba be an “effective resident” (a still undefined term expected to raise the criteria for establishing residency from one day in the country every two years to 183 days per year) stands to inhibit foreign and diaspora investment in the sector.

All told, these measures disregard the consensus opinion of Cuban economists at home and abroad and send precisely the wrong signal to the world at a critical economic juncture for the island. They generate even greater mistrust in the Cuban market. Worse, they appear primarily driven to increase the monopolistic power of Cuba’s heavily sanctioned, military-run holding company, along with other state-owned enterprises that have amply demonstrated their economic inefficiencies and productive failures. While economists have called for liberalizing policies that would incentivize private sector investment and growth, authorities have opted again for domineering regulations that constrain it. 

The Cuban government assures this framework represents the start of a multi-pronged strategy of economic “stabilization” that it has yet to articulate. Already the new decrees have sparked overwhelming anxiety in the Cuban market, freezing import orders and threatening to aggravate food and resource shortages for at least the short term. After decades of disastrous reform and counter-reform cycles, and a migratory exodus and brain drain with no end in sight, to say these decrees fail to inspire confidence in the government’s next steps is an understatement.

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Nuestra declaración sobre las nuevas restricciones del gobierno cubano al sector privado

WASHINGTON D.C. – Tres años atrás, la aprobación de un marco legal para las micro, pequeñas y medianas empresas (“MIPYMES”) en Cuba ofreció un rayo de esperanza en medio de un panorama nacional desalentador. Aunque no fue perfecta, esta apertura parecía indicar que el Estado cubano finalmente reconocía la necesidad de un papel más activo para el mercado y el sector privado para que el país pudiera salir de su peor crisis en tres décadas y encaminarse hacia la recuperación y la prosperidad duradera. Los resultados, aunque insuficientes, han sido prometedores: se aprobaron poco más de 11 mil MIPYMES, que crearon nuevos empleos y proporcionaron bienes y servicios, tanto importados como de producción nacional, en una economía por lo general en proceso de implosión. Medidas adicionales, como la autorización de la inversión de capital extranjero en MIPYMES y la garantía de acceso a divisas a través de un mercado cambiario formal, podrían haber contribuido a revertir la caída en picada de la economía.

Sin embargo, bajo el pretexto de corregir «distorsiones» y la «evasión fiscal» en una «economía de guerra», la semana pasada el gobierno cubano publicó una revisión del marco legal que parece destinada a obstaculizar el crecimiento del sector privado. Se produce como culminación de una campaña de varios meses que ha intentado culpar a este sector de problemas como la inflación, que en realidad son consecuencia de políticas económicas fallidas por parte del Gobierno. Si se interpreta y aplica de manera restrictiva, este nuevo marco regulatorio podría representar un retroceso dramático para la economía cubana.

Las normas imponen varios nuevos obstáculos para la apertura y operación de negocios privados en Cuba. Nuevas restricciones a las importaciones mayoristas suponen barreras de entrada significativas para pequeños operadores, favoreciendo a actores de gran escala que ya participan en esa actividad. El traspaso del proceso de aprobación de nuevas empresas a los gobiernos municipales viene acompañado de condiciones onerosas. Asimismo, los nuevos requisitos bancarios ignoran que el uso de cuentas en entidades extranjeras y la participación en el mercado cambiario informal han sido soluciones inevitables ante la negativa del Estado a proveer mecanismos legales que permitan a estos actores acceder a las divisas necesarias para cumplir con sus obligaciones ante los proveedores extranjeros.

Durante años, el Cuba Study Group ha defendido que el camino hacia relaciones sostenibles entre Estados Unidos y Cuba pasa en gran medida por una mayor integración económica entre ambos países, particularmente a través de la diáspora cubana. La administración del presidente Biden dio un paso significativo, a pesar de ser limitado, en esta dirección al autorizar a los empresarios privados cubanos a abrir cuentas bancarias en Estados Unidos. En lugar de aprovechar estas oportunidades, los cambios recientes van en la dirección opuesta. Es más, la nueva necesidad de demostrar «residencia efectiva» para ser socio de una MIPYME parece destinada a inhibir la inversión extranjera y de la diáspora en el sector privado. (Aunque la categoría todavía está indefinida, se anticipa que los requisitos de estancia en el país para mantener la residencia se aumentarán desde un día cada dos años a 183 días al año.)

En conjunto, estas medidas ignoran la opinión casi unánime de los economistas cubanos, tanto dentro como fuera de la isla, y envían una señal equivocada al mundo en un momento económico crítico para Cuba. Estas disposiciones generan aún más desconfianza en el mercado cubano. Peor aún, parecen destinadas principalmente a aumentar el poder monopólico del conglomerado empresarial militar, afectado por duras sanciones, y de otras empresas estatales que han demostrado repetidamente su ineficiencia y fracasos productivos. Mientras los economistas claman por políticas de liberalización que incentiven la inversión y el crecimiento del sector privado, las autoridades optan por medidas de control que lo sofocan.

El gobierno cubano asegura que estos cambios representan el inicio de una estrategia multifacética de “estabilización” económica que aún no ha articulado. Este giro ya ha generado mayor ansiedad en el mercado cubano y el congelamiento de órdenes de importación que amenaza con agravar la escasez de alimentos y otros productos, al menos a corto plazo. Después de décadas de varios ciclos de reforma y contrarreforma fallidos, y un éxodo migratorio y pérdida de talento que parece no tener fin, decir que estas normas no logran inspirar confianza en los próximos pasos del gobierno cubano es quedarse corto.

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