¿La hora de las PYMEs en Cuba?

La eventual emergencia de un sector privado en Cuba acapara titulares una vez más. Finalmente fueron emitidas de manera oficial, el pasado 20 de agosto, las tan esperadas -y varias veces postergadas- normas jurídicas que reconocen a este sector por primera vez como parte orgánica del sistema económico cubano.[1] Entre los aspectos más relevantes del citado paquete normativo destacan la posibilidad de crear pequeñas empresas privadas con personalidad jurídica reconocida, y la autorización a ejercer, independiente del Estado, una amplia variedad de actividades económicas.

Reforma, contrarreforma y reforma

Desde finales de 2010, con Raúl Castro al frente del gobierno y el Partido, se promueve una reforma económica –denominada oficialmente Actualización– que suponía, al menos en sus principios, una mayor incorporación de elementos de mercado en la asignación de recursos en la economía, una mayor descentralización de las empresas estatales, mayores prerrogativas a los territorios, así como una mayor participación en la economía de las formas privadas de propiedad, llamadas eufemísticamente “no estatales”.

Con las nuevas normas que comenzaron a regular la actividad por cuenta propia en octubre de 2010, se autorizó de forma abierta la contratación de fuerza de trabajo por privados y por tanto el gobierno reconoció tácitamente la existencia de parcelas de propiedad privada – al menos a escala de la microempresa. Esto se convirtió en una de las transformaciones conceptuales más trascendentes en los últimos 50 años. Bajo esas condiciones el trabajo por cuenta propia alcanza un crecimiento de más de un 70% entre 2010 y 2011. Y continuó creciendo hasta iniciada la pandemia, aunque no sin tropiezos y contrarreformas.

En el año 2013 el gobierno emitió una nueva norma jurídica, el Decreto Ley 315, que buscando “ordenar” el sector privado, impuso algunas restricciones al acotar en una descripción el alcance de cada actividad autorizada. En ese instante se cerraron actividades que funcionaban con autorización y algunas personas perdieron inversiones que se encontraban en ejecución. Tal fue el caso de los cines 3D.

Luego a inicios de 2017 se generaron tensiones con el sector de los transportistas privados cuando el gobierno optó por establecer administrativamente precios máximos por tramos de servicio, y los transportistas respondieron con paralización del servicio en La Habana y protestas en algunas provincias.[2]

Entonces en agosto de 2017, bajo el argumento de que serían estudiadas nuevas normas para “perfeccionar” el trabajo por cuenta propia, se interrumpe indefinidamente la entrega de licencias para algunas de las actividades más prósperas, como la renta de apartamentos, las cafeterías y restaurantes. Y no fue hasta casi un año más tarde que se emitieron las nuevas regulaciones[3] – firmadas aún por el presidente saliente Raúl Castro – en esta ocasión con nuevas restricciones. Una de las más relevantes era la que limitaba a solo una las actividades por cuenta propia que podría desarrollar cada ciudadano, lo cual afectaba a todos los negocios que se habían desarrollado a partir de la combinación sinérgica de varias licencias. Había que volver a negocios en su forma más simple.[4]

Todo esto ocurría en un contexto bien contradictorio. Por un lado la normalización de las relaciones con EE.UU había dejado frutos muy favorables en términos de bonanza económica con la proliferación de los viajes de estadounidenses, y un futuro promisorio para las empresas del Estado con el inicio de algunos contratos conjuntos[5]. Por otro, la visita de Obama y sus declaraciones de apoyo al sector privado como agente de cambio político en Cuba, azuzaron la desconfianza, empoderaron simbólicamente a sectores conservadores dentro del gobierno cubano, que terminó por imponer un freno a la marcha de las transformaciones.

Paradójicamente había tenido lugar en 2016 el 7mo Congreso del PCC, que continúa el camino de reformas iniciado en 2011 y profundiza en la necesidad de expandir el sector privado, el mercado y la descentralización del sector estatal, al aprobar la llamada Conceptualización del Modelo Económico y Social Cubano de Desarrollo Socialista que sería – en teoría- el documento rector de la política económica de los cinco años siguientes.

Durante la lectura del Informe Central de este 7mo Congreso, Raúl Castro planteaba con todas sus letras la necesidad del reconocimiento legal de las PYMES. Sin embargo, a partir de entonces, eventos o contextos al interior del gobierno – que hasta hoy permanecen inexplicados al público– operaron en sentido contrario a lo acordado en los Congresos.

Finalmente, debido a su notoria irracionalidad, así como a la reacción popular que acompañó aquellas restricciones de 2018, gran parte de estas fueron revertidas justo antes de que entraran en vigor en diciembre de ese mismo año, en una de las primeras decisiones adoptadas por Miguel Díaz-Canel en su cargo de nuevo presidente. El propio Díaz-Canel introdujo nuevas correcciones en 2019 que demostraban su empeño en retomar el rumbo atascado de la Actualización.

La catálisis de la crisis

Pero, durante los últimos dos años, la Isla ha atravesado por una fuerte crisis económica resultado de una combinación fulminante de tres factores principales. El agotamiento del modelo interno de desarrollo, además de su demostrada incapacidad para generar un mínimo cambio que reduzca las monodependencias y deformaciones estructurales de la economía cubana, se ha puesto también de manifiesto en las magras tasas de crecimiento durante los años previos a la pandemia.[6]

La severidad de la persecución económica impuesta durante décadas por el gobierno de Estados Unidos consiguió niveles máximos de estrangulamiento durante los últimos meses del mandato de Trump, y persiste sin modificaciones significativas durante lo que va de la administración Biden. 

Y quizás el factor más relevante a corto plazo fue el súbito, contundente y sostenido shock externo generado por la COVID-19 que evaporó el turismo, principal fuente de ingresos por exportaciones de la economía nacional, y responsable de no pocos encadenamientos.

Este contexto de crisis, que también debe parte de su severidad a incoherencias, lentitud y tozudez en decisiones de política económica como el proceso de ordenamiento monetario[7], y que tuvo su clímax en el reciente estallido del 11 de julio, ha obligado a las autoridades a tomar acciones. Esto probablemente modificó en algo la distribución de fuerzas al interior del gobierno, inclinando ligera y temporalmente la balanza hacia aquellos sectores defensores de la reforma.

Por lo tanto, es importante resaltar que esta apertura, a pesar de rubricarse bajo una norma jurídica de alto rango como lo es un Decreto-Ley, se erige al amparo de un consenso frágil, incompleto y eventualmente reversible, por lo que ha debido nacer con restricciones innecesarias, útiles solo para satisfacer determinados intereses sectoriales. Tal es el caso de la prohibición al ejercicio de emprendimientos de abogados, arquitectos, contadores, agencias turísticas, entre otros profesionales. Otras restricciones, como la imposibilidad para las PYMES de constituirse con algún socio no residente, o la prohibición de que un mismo socio sea parte de más de una Sociedad, o la obligatoriedad de que la Sociedad se transforme cuando se supere la cifra de 100 integrantes, podrían interpretarse como una concesión al pensamiento más conservador, pero también son un reflejo de los contrapesos que sobre este debate se manifiestan a nivel social.

Sin embargo, a pesar de lo anterior, las medidas adoptadas no deben ser clasificadas como superficiales ni cosméticas. La apuesta es claramente estratégica. El alcance de lo autorizado ahora es muy amplio, y es evidente una ruptura con algunos de los enfoques anquilosados del modelo económico anterior. Desde el gobierno pareciera que el sector privado está dejando de asumirse como una mera variable de ajuste que puede ser interrumpida o fomentada según el viento, para presentarlo cada vez más como un actor estable con plenos derechos y responsabilidades económicas y sociales.

Los retos de la nueva etapa

Esta nueva era para la actividad económica no estatal en Cuba se desarrollará en un contexto muy complejo. Y aunque pueden apuntarse algunas oportunidades, tendrá que superar enormes obstáculos para consolidarse. El primer y más complejo reto está asociado a las incertidumbres del entorno macroeconómico, especialmente de las variables monetarias. La devaluación aplicada al peso en enero de 2021, con el objetivo de corregir las distorsiones cambiarias que se arrastraron durante décadas, así como la incompleta reforma de salarios y precios, han sumido al país en una especie de caos inflacionario[8] por el deterioro de las funciones dinerarias del peso cubano, y la pérdida súbita de los referentes. Un reajuste macroeconómico de tal envergadura es siempre portador de incertidumbres muy significativas. Y en tal sentido, por ejemplo, resultarán más difíciles los estudios de factibilidad que fundamenten las decisiones de inversión.

El segundo escollo superlativo está asociado al estado actual de la política de sanciones impuestas por el gobierno de EE.UU. La incumplida promesa electoral de Biden de retornar al acercamiento promovido por Obama, constituía una buena esperanza para los emprendedores cubanos. La flexibilización de las restricciones sobre los flujos financieros, y la promoción de viajes de los estadounidenses a la Isla, podrían movilizar financiamientos y estimular la demanda agregada, con impactos favorables para gran número de producciones.

Ahora, intentar emprender en un contexto de tan profusas brechas de oferta, sin dudas complejiza la construcción de cadenas de suministros estables, así como la adquisición de insumos y componentes. En muchas ocasiones no quedan más opciones que la importación, lo que solo es posible de manera sistemática cuando el negocio consigue demanda en MLC para sus producciones, dada la inexistencia hasta el momento de un mercado cambiario legal para que los privadas (tampoco las estatales) puedan adquirir MLC con sus activos en pesos.

Sin embargo, la propia crisis de oferta a la vez se convierte en una magnífica oportunidad.  Mercados prácticamente vírgenes, cuasi escondidos de los monopolios trasnacionales, con escasos oferentes, con predominio de pocas variedades, con calidades relativamente bajas, y ofertas inestables caracterizan hoy el panorama cubano. Por lo tanto, es muy fácil encontrar una idea de negocio viable, incluso ya probada en otras latitudes.

Además, también está en marcha – aunque con menores repercusiones mediáticas- transformaciones al modelo de gestión de las empresas estatales, que están por otorgarles una mayor autonomía.[9] Esto va a facilitar relaciones económicas horizontales entre todos los actores. El sector privado se beneficiaría con el acceso directo a determinados suministros hasta hoy reservados para clientes estatales, así como a capacidad de compra para sus producciones. Mientras que el sector estatal podría encontrar soluciones flexibles, rápidas y relativamente económicas a problemas que usualmente transitan aguas arriba por las cataratas de la planificación.  

Por otro lado, un importante espacio para el desarrollo de emprendimientos privados radica en los Proyectos de Desarrollo Local en alianza con los gobiernos municipales. El gobierno central viene experimentando desde hace algún tiempo un proceso de descentralización de ciertas funciones hacia los niveles locales. Con ello se les transfiere también la responsabilidad sobre la solución de muchos de sus propios problemas. Aunque depende mucho del liderazgo y osadía de los funcionarios públicos, y es grande la estela burocrática a vencer en este tipo de proyectos, hay oportunidades importantes por este camino.

Comentarios finales

Las nuevas normas recogidas en la Gaceta ofrecen un margen de maniobra relativamente adecuado para que un sector privado de pequeña escala dé sus primeros pasos. No obstante, resta crear condiciones en otros aspectos -también claves- para el éxito de los emprendimientos, y especialmente para su mejor aprovechamiento dentro del sistema económico.

En primer lugar, se requieren garantías a largo plazo sobre la estabilidad del marco regulatorio. Solo así los emprendimientos que surjan apostarán por proyectos productivos de mayor trascendencia – que por lo general requieren más tiempo de maduración y comprometen una inversión mayor – en lugar de emprender con enfoque rentista o filibustero. La confianza de los emprendedores no es precisamente una de las mejores conquistas de las autoridades durante los últimos años. El modelo económico ha experimentado vaivenes brutales en cuanto a su concepción sobre el sector privado y cooperativo, así como al papel del mercado. El gobierno debe buscar la forma de ofrecer garantías de que este marco regulatorio que hoy se conforma no retrocederá dentro de un par de años. Que la norma rectora tenga rango de Decreto Ley, constituye una señal importante. Pero sería muy saludable si fuera ratificada en Ley por la Asamblea Nacional.

Por otra parte, resulta imprescindible demostrar sencillez y velocidad en los trámites de aprobación y reducir al mínimo el espacio a la discrecionalidad administrativa. Al parecer en esta ocasión las autoridades han invertido esfuerzos en este aspecto. Según ha sido ampliamente divulgado por el Ministerio de Economía – institución encargada de liderar el proceso- todo proyecto que solicite operar en las actividades no restringidas y cumpla los requisitos que la ley establece, debe ser aprobado de forma automática en los términos previstos. Con ello se reducen al mínimo los espacios para la discreción. Incluso, para poder gestionar la presumible avalancha de solicitudes desde la entrada en vigor de las normas, han decidido lanzar paulatinas convocatorias ordenadas por actividades, comenzando por las prioridades de la política económica.  

Pero el punto más crítico, a mi juicio, radica en la escasez de opciones de financiamiento. Las autoridades han mencionado la posibilidad de disponer un fondo en MLC para fomentar actividades privadas con potencialidades de exportación. Sin embargo, ese es el punto más débil de todo el sistema. La Banca comercial estatal, acostumbrada a medio siglo de ausencia de competencia, heredera de un modelo que ha subestimado el papel del dinero en la economía, ha demostrado muy pocas competencias para adaptarse a las necesidades de este creciente sector. Y quedará nuevamente fuera de este mercado como ha ocurrido desde 2011. No quepan dudas: surgirán muchos emprendimientos. La mayoría de ellos encontrarán las vías para financiarse. Las normativas reconocen el derecho de las PYMES a aceptar financiamientos provenientes de cualquier fuente lícita. Instituciones financieras externas, fondos foráneos de inversión, personas naturales, etc., indagan rápidamente sobre los posibles mecanismos para participar. Los emprendedores por su parte, necesitan entrenamiento y capacitación para lograr negociaciones justas con los potenciales prestamistas.

Uno de los temas que quedan pendientes, y que no ha sido considerado por las autoridades, es la necesidad de eliminar la obligatoriedad de someterse a la intermediación de empresas estatales para las operaciones de comercio exterior. Las regulaciones actuales configuran un entorno esencialmente rentista, no solo porque garantiza mercado cautivo para los intermediarios designados, sino porque obliga a pagos en MLC por estos servicios, no siempre atribuibles a gastos en divisas correspondientes al proceso mismo. Por otra parte, el universo de empresas facultadas para el comercio exterior es también limitado, y con áreas de especialización “repartidas”. De esta manera se perpetúan las estructuras monopólicas que tradicionalmente han abastecido al sector estatal con una eficiencia bien lejos de la deseada. No obstante, cuanto más avancen los encadenamientos entre empresas estatales y emprendimientos privados, surgirán más oportunidades de satisfacer ciertas demandas de insumos mutuas. Facilitar vías legales para acceder a MLC, en cuanto las condiciones macroeconómicas lo permitan, es otro de los temas imprescindibles para el reaprovisionamiento y por tanto la supervivencia de estos emprendimientos. 

Por último vale subrayar la creación del llamado Consejo Nacional de Actores Económicos, que se establece en el Artículo 10 del DL-46, y que al parecer funcionaría como una especie de instituto de coordinación de políticas para la promoción y el fomento de las formas no estatales, hecho sin precedentes en la historia económica de la Cuba posterior al 59.

Oscar Fernández Estrada es economista y consultor independiente. Tiene un doctorado en economía de la Universidad de La Habana, 2008 y ha sido coautor de varios libros sobre economía cubana. Ha dictado conferencias en universidades de varios países, como Estados Unidos, Sudáfrica, Vietnam, Venezuela y Jamaica.

Ilustración por Maikel Martínez Pupo. Lo puede encontrar por
@MaikelStudio @maikelmartinezpupo.

[1] Gaceta Oficial Ordinaria No. 94. 19 de agosto de 2021.

[2] Este fenómeno se desató a partir de que las autoridades cubanas, como consecuencia de tensiones externas agravadas por la persecución del gobierno de EEUU, se ven obligadas a aplicar un recorte al combustible que asignaban centralmente a las empresas estatales. El sector privado de transportistas se vio afectado, puesto que la mayor cantidad del combustible que consumen proviene de desvíos de estas empresas estatales y no de las compras en la red de servicentros. Entonces hicieron por subir sus precios y quedó transparentada su interdependencia del mercado ilegal de combustibles. El gobierno reaccionó intentando forzar los niveles de precios antiguos y los transportistas respondieron con interrupción del servicio.

[3] Gaceta Oficial Extraordinaria número 35, julio de 2018.

[4] Para ilustrar con un ejemplo sencillo: una fregadora de autos ofrecía gratuitamente a los dueños una bebida refrescante mientras esperaban por su auto. Bajo la nueva norma la fregadora tenía prohibido ofrecer ese servicio complementario, incluso si fuera gratuito.

[5] Tal es el caso del hotel cubano Four Points by Sheraton que fue entregado en administración a la hotelera Merriot. El Gobierno de Trump acaba de poner fin a ese contrato, forzando a Merriot a terminar sus actividades en Cuba.

[6] Entre 2016-2019 el PIB creció a una tasa promedio de 1.08 % anual. https://datos.bancomundial.org/

[7] El proceso de Ordenamiento Monetario, que originalmente estaba previsto para solucionar el problema de la doble circulación de monedas y la dualidad de tasas de cambio, vio contaminados sus objetivos con la aparición previa de las ofertas en Moneda Libremente Convertible. Su implementación se redujo a la eliminación del CUC, una devaluación del peso cubano (CUP) de 2300%, junto a un incremento regulado de los precios y salarios estatales. Todo ello, sin haber creado antes las condiciones para que las empresas estatales tuvieran la autonomía necesaria que les permitiera realizar su ajuste, y sin autorizar una oferta privada que pudiera responder a la demanda insatisfecha de bienes y servicios, el resultado es un caos en el sistema de precios de libre formación resultante de una pérdida de referentes, que encuentra cada vez más asidero en la cotización del dólar del mercado informal. 

[8] Para la mayoría de los precios de libre formación.

[9] Gaceta Oficial No 80 Extraordinaria 2021.