Camino al VIII Congreso del Partido. La política cubana entre el nuevo gobierno y la sociedad real.

Empiezo haciendo algunas observaciones generales:

La comprensión de la transición en que se encuentra Cuba, del proceso político particular que la caracteriza en esta etapa, del debate en curso acerca de esas políticas y de su alcance, y del camino que se abrirá a partir de abril, es cualquier cosa menos evidente al ojo desnudo, o reducible a un conjunto simple de tesis, o a un quiz de verdadero o falso.

Aunque me refiero aquí al debate, me concentro en el desacuerdo entre expertos, no porque sea el único ni el más ruidoso. Este debate entre expertos implica un espacio para expresar visiones diferentes  como nunca antes. El debate ruidoso es sobre todo el de los medios de comunicación, tanto oficiales como de oposición, muy parecidos en el fondo por su tendencia a confundir la misión de informar y analizar con lealtades ideológicas, que contribuyen poco a captar la índole del proceso político. También lo es la avalancha de opiniones “rápidas y furiosas” en las redes, que no han mejorado este panorama confuso, sino que más bien han polarizado aún más el clima ideológico, y emborronado la política real y su significado.

Aunque la diversidad de perspectivas entre expertos no es en sí misma ideológica, sí recoge enfoques con implicaciones políticas diferentes. Estas corresponden a la producción de los centros de investigación y las universidades, las publicaciones académicas y culturales, los eventos académicos, y también una parte de la cobertura informativa, a veces polémica, en medios de prensa de provincias (Cienfuegos, Ciego de Ávila), el trabajo de think tanks de organismos ─Instituto de Investigaciones Económicas (INIE), Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI), etc. ─ que se filtran , a través de las redes y de grupos de correo electrónico, y se comparten de manera más informal.

Ese espectro de perspectivas y matices se manifiesta incluso sin salirse de lo que pudiera identificarse como el marco de un socialismo reformado. Reducir la riqueza de ese panorama a un puñado de autores (dos o tres de «adentro» y otros tantos de «afuera»), casi siempre economistas y, por lo general, los mismos, resulta parcial y empobrecedor, si se trata de entender la complejidad del proceso político en curso. 

Una última observación introductoria es que estos comentarios quizás no coincidan con muchas de las interpretaciones e ideas que se dan por sentadas como parte del sentido común y que muchos repiten. Interpreto la política como un rompecabezas cuyas piezas visibles permiten identificar la imagen. Aunque en muchos casos no la comparta, no invierto tiempo explicando cómo la hubiera diseñado yo, sino más bien tratando de explicar sus causas y efectos reales. Me guío por datos, hechos, regulaciones, y otros elementos que aunque públicos, muchas veces no se toman en cuenta, sobre todo desde fuera, pero en ocasiones tampoco desde adentro. También me guío por el examen de las circunstancias nacionales e internacionales, incluido el factor de presión constante que es hoy la opinión pública.

Las políticas, su funcionamiento y el actual contexto.

No se puede analizar ni prever el camino de la política cubana sin enfocar la interacción actual entre la que se aplica y sus efectos en la sociedad que la experimenta y reacciona ante ella. Esta acción-reacción es más determinante para poder explicarla y predecirla que la tensión entre visiones ideológicas diferentes. Aunque existen corrientes ideológicas (más de dos) que inciden en el presente y el futuro probable, estas son más relavantes en sectores como los medios de comunicación, la educación y la cultura, el trato a la emigración, y, en ocasiones, la seguridad. Esas diferencias ideológicas; sin embargo, no son las que permiten explicar las transformaciones económicas y políticas que afectan hoy día el funcionamiento del sistema y sus instituciones, la política exterior, la defensa, e incluso tópicos aparentemente tan ideológicos como la relación entre la Iglesia y el Estado.

A continuación comparto siete ideas claves sobre el momento político y sus particularidades, y apuntaré luego algunos problemas de la actual coyuntura crítica que nos afectan.

1. Existe un consenso en la clase política acerca de la profundización de las reformas. Ese consenso tiene como antecedentes los Lineamientos  (2011) y sus reajustes (2016), así como la Constitución (2019), y muy especialmente, la Estrategia económico-social (EES, julio, 2020) para enfrentar la Covid. Entre las reformas más recientes se encuentran las incluidas en el paquete del Ordenamiento, la revisión de los criterios aplicados al trabajo por cuenta propia (TCP) desde 1993, y la confirmación del acuerdo sobre las PYMES. Tanto la implementación del Ordenamiento como la del nuevo enfoque sobre el TCP se han estado corrigiendo sobre la marcha, respondiendo a quejas de la población, en cuanto a reducir costos sociales y evitar impactos irreversibles, especialmente para los grupos más vulnerables.

2. No hay experiencias anteriores, ni teoría sobre las reformas, que permitan prever su impacto en el caso específico de la sociedad cubana actual. Las miles de páginas escritas sobre las reformas en Europa del Este y en la URSS pueden tener puntos en común con Cuba, sobre todo en algunos aspectos del punto de partida, pero son muy diferentes con respecto al modelo económico-social de llegada, según deja claro la nueva Constitución, que a diferencia de esos otros países, no restaura el capitalismo. Si comparamos los casos de Cuba por un lado, y los de China y Vietnam por el otro, notaremos diferencias sustanciales que mis amigos economistas a menudo soslayan. La primera es que la sociedad cubana no se caracteriza por un orden tradicional rural, con millones de personas en pobreza extrema que pueden morir de hambre o enfermedades curables. Tampoco está Cuba dividida en minorías étnicas con lenguas diferentes; ni están los cubanos habituados a regímenes ancestrales de autoridad y disciplina social.  La Cuba actual, con todos sus problemas, es un paradigma de modernidad occidental y desarrollo social si se compara con estas otras(ver Índice de Desarrollo Humano de Naciones Unidas, 2020). La segunda diferencia es que ni China ni Vietnam, al iniciar sus reformas, estaban sometidas a la hostilidad de una potencia fronteriza como los EE. UU., ni sufrían el efecto multilateral de un embargo duradero como el nuestro. La tercera es que los chinos y vietnamitas de las vastas zonas empobrecidas del interior pueden hasta soñar con trabajar 14 horas diarias en las maquiladoras de Adidas, radicadas en las rutilantes ciudades de la costa, mientras que los cubanos, difícilmente pueden imaginar otra forma de tierra prometida mejor que Hialeah. Por tanto, las mismas medidas, al ser aplicadas allá y aquí pueden tener efectos muy diferentes.

3. Existe un gobierno nuevo, un marco constitucional distinto, una sociedad muy diferente. Hace menos de tres años, la supuesta medida del cambio era «el fin de Fidel,» «la superación de la gerontocracia,» el «relevo generacional.» Ya nadie habla de eso. Desde hace apenas dos años contamos con una Constitución nueva, donde la definición de propiedad sobre medios de producción pasó de «familiar» (trabajo por cuenta propia) a una que solo restringe su concentración, todavía por definir sus límites precisos. Ya el VII Congreso del PCC, en 2016, había acordado que esa propiedad privada, en forma de PYMES, era necesaria en el nuevo socialismo.

4. El sector estatal, que, según la nueva Constitución, sigue predominando, requiere ser objeto de transformación, en un grado tan o más importante que el privado. Este sector privado no va a funcionar ni afianzarse hasta que el estatal no se transforme en sector público; o sea, hasta que no adquiera la necesaria autonomía, y pueda articularse con el privado coherentemente. De manera que el crecimiento y significado real del sector privado, incluyendo el cooperativo, dependerá de su grado de integración con el sector público, así como con el de la inversión extranjera; lo que le otorgaría un peso real en el conjunto de la economía, además de incidencia en segmentos específicos del mercado y los servicios.

5. El segundo eje vertebral de las reformas es la descentralización. Las relaciones entre el poder central y las provincias, territorios y municipios han sido, históricamente, de subordinación vertical. No puede haber liberación de las fuerzas productivas si no es desde abajo, donde esas fuerzas se implantan, especialmente las de pequeña y mediana escala, tanto privadas como estatales. La nueva Constitución revoluciona el papel de los municipios (Título VIII, Cap II). Se habla de municipalización de la política, incluyendo autonomía para generar una economía local, que incluya generación de empleo, configuración tributaria, inversiones e incluso relaciones con el capital extranjero. 

6. Las reformas implican una nueva manera de acoplar a los distintos actores del sistema institucional, y a estos con el no estatal. A diferencia del funcionamiento económico del sistema federal estadounidense (Gobierno federal y estadual, Sistema de la Reserva Federal, etc.), el cubano ha tendido a reproducir, tanto arriba como abajo, la supremacía del PCC y sus estructuras, no solo para adoptar las políticas y monitorearlas, sino para tomar decisiones y administrar. Para lograr ahora que las políticas económicas acordadas se hagan realidad, se requiere que los nueve ministerios de la economía, las empresas públicas autónomas a nivel nacional y local, los gobiernos locales, las cooperativas y las entidades del sector privado funcionen de manera acoplada entre sí. Este nuevo acople es uno de los principales retos de la transición.

7. La superación de la crisis requiere crecimiento, y las reformas exigen montarse sobre ruedas legislativas. Los economistas cubanos suelen concentrarse en el análisis macro de ese crecimiento y sus factores, así como en el lado de la oferta. Al hacerlo, a menudo le prestan menos atención al estudio del lado de la demanda, el funcionamiento del mercado al detalle, el consumo (familiar, social, empresarial), la distribución desigual de la liquidez en segmentos sociales y territorios (incluidas las divisas en moneda convertible), el papel del trabajo y de los actores locales, el monto y la canalización de las remesas, y otros factores que inciden de manera diferenciada en el crecimiento real y el nivel de vida.

Por otra p. arte, el proceso legislativo que implican las reformas no se contiene en la disponibilidad de la técnica jurídica conveniente. Juristas (y economistas) tienden a identificar este proceso como la adopción de regulaciones o normas apropiadas, equiparándolo al de un cirujano que elige los instrumentos situados en una bandeja. Al hacerlo, no valoran que este cirujano, en todo caso, está operando por primera vez, de manera que por mucha casuística y teoría que domine, no sabe cuál será su efecto sobre el organismo vivo que interviene. Si el proceso legislativo fuera pura lógica jurídica, separada de factores políticos, sociales, culturales, no tendría el carácter contradictorio que lo caracteriza en todas partes.

Problemas de camino al VIII Congreso del PCC.

Aunque se trata de procesos en curso que demandan continuidad y profundización, el gobierno ha dado señales en 2020 que confirman su determinación en áreas como la aplicación de la unificación monetaria y cambiaria, aumentos salariales, extensión y modernización de las comunicaciones (acceso institucional, social y privado a las TIC, inicio del programa de digitalización de la sociedad, etc.), diversificación y estrechamiento de alianzas internacionales (China y Rusia, pero también con la UE), reafirmación de la política de normalización con EE. UU. (a pesar de la desgracia de Trump).

En otras áreas de la política, sin embargo, existen muy pocos o ningún avance. Como ejemplos, y sin espacio para extenderme sobre ellos,  estaría institucionalizar las relaciones con la emigración, o el peso específico reconocido a sindicatos, organizaciones profesionales, asociaciones, las ONG, etc. en el funcionamiento del sistema político.

Mantener el Congreso del PCC (16-19 de abril), aplicando las políticas acordadas en el VII, a pesar del rebrote de la COVID, y del agravamiento de la situación económica ya difícil, es una expresión de voluntad política. Está claro que las medidas del Ordenamiento podrían haberse adoptado antes. La cuestión es si no haberlas pospuesto ahora, una vez más, a pesar de todos sus costos, es una decisión política correcta o no.

Aunque al escribir este texto no se conoce la agenda del VIII Congreso, es posible detenerse en problemas que resultan muy visibles en el radar de la política nacional. Estos tienen una naturaleza contradictoria estructural. Es decir, se trata de contradicciones que no dependen de factores «subjetivos» como los espejuelos ideológicos, o de errores técnicos, sino de tensiones inherentes a la situación económica y social, y a su reflejo en las políticas implementadas. Esta ecuación, de por sí compleja, tiene a la Covid como variable independiente.

Me limito aquí a comentar de modo muy conciso cuatro áreas de problemas:

• ¿En qué medida la aplicación de las reformas y el clima político de la sociedad, en medio de la Covid, se retroalimentan o interfieren entre sí?

Algunas contradicciones estructurales (o antinomias) que atraviesan las políticas: 

a. Dependencia externa (turismo, remesas, importación de alimentos) vs. restricciones a visitas (emigrados, turistas, «mulas»).

b. Estimulo a productores mediante mejores precios en el mercado estatal mayorista  (competencia con precios pagados por sector privado) vs. protección a consumo familiar en contexto del Ordenamiento (canasta básica, control de precios).

c. Aumento de salarios vs. escasez (caída de la producción y de la oferta, inflación).

d. Cobertura de seguridad económico-social (pensiones, ayuda a grupos más vulnerables) vs. gastos de Covid (medicamentos, atención hospitalaria, alimentos, transporte, etc.)

e. Unificación monetaria y cambiaria (fin del CUC, nueva tasa de cambio) vs. segmentación del mercado (CUP, las MLC).

• ¿Cómo afectan las consecuencias del Ordenamiento y de la Covid la política de descentralización?  

Según la Estrategia económica-social para enfrentar la crisis y la Covid (EES), hay que asegurar “el autoabastecimiento municipal de productos agropecuarios”, hacer valer “las estrategias de desarrollo municipal y planes de ordenamiento territorial y urbano”, y ponerlas en manos del Poder local y sus instituciones; facilitar la aprobación de inversiones a determinada escala; encargar el mayor abastecimiento de insumos estratégicos, como los materiales de construcción, a “planes locales de producción.”

a. Aplicación de medidas territoriales para combatir la pandemia vs. distribución desigual de infraestructura y recursos.

b. Aplicación de reformas que conceden mayor autonomía (hacer rentables empresas estatales, TCP, gobiernos municipales) vs. intervención del gobierno central (inflación, control de precios)

• 3. ¿En qué medida la crisis de salud y el ajuste económico han incidido sobre la continuidad del proceso legislativo?

El plan legislativo para 2020 incluía temas principales, como Ordenamiento territorial, Tribunales, Procedimiento penal, Vivienda, Salud pública, Reclamación de derechos constitucionales y  Defensa nacional. La pandemia los pospuso a casi todos, incluido un decreto ley previsto para septiembre pasado sobre Manifestación y Reunión (artículo 56: «los derechos de reunión, manifestación y asociación, con fines lícitos y pacíficos, se reconocen por el Estado».). También se pospusieron otros sobre Ciudadanía, Tierra, Migración y Extranjería, importantes para el tratamiento de la emigración y sus derechos. Sin embargo, la Ley de Asociaciones prevista para 2022 en el cronograma de 2019, se ha mantenido en la misma fecha.

Remontar la Covid y sus efectos exige priorizar áreas en el cronograma legislativo, y probablemente el VIII Congreso podría influir en esa revisión política.

• ¿Qué nuevas visiones ha aportado la Covid a la cultura económica prevaleciente en los documentos políticos, el discurso gubernamental y el debate económico cubano?

La revalorización de la salud, la educación superior, la cultura y la ciencia, apenas definidas como “servicios públicos” y “sectores presupuestados” (dígase, improductivos) en los documentos y la lógica macroeconómica prevalecientes, ha alcanzado un mayor perfil gracias a la Covid. Los retos de la pandemia han forzado a mirar más hacia la innovación y el desarrollo del sector de producción de medicamentos y servicios médicos de alta gama, en contraste con sectores como el del turismo, donde prevalecen representaciones más convencionales y con un pobre valor agregado. ¿Podrán estas lecciones extenderse a cambios conceptuales en el manejo de la economía, y hacia otros sectores, además de la producción de fármacos y la salud pública?

Me he limitado a comentar telegráficamente algunos problemas económicos, o más exactamente, de implementación de la política económica, y sus contradicciones propias. Digo algunos problemas, porque no están todos. Y las identifico como contradicciones propias de esa política –aunque la razón económica pura las reduzca a expresiones de ceguera ideológica o falta de conocimiento de los decisores–, porque reflejan una razón política enfrentada a una situación nacional muy compleja, según la describen las ciencias sociales cubanas. Faltaría considerar, además, otros problemas de la política política; digamos, los de un gobierno nuevo, que ya no cuenta, ni volverá a contar, con el tipo y nivel de consenso que existió en el pasado, sino que tendrá que fomentarlo constantemente. Explicarse esa razón política y su circunstancia no equivale a concordar con ella ni a justificarla, sino solo a entenderla y poder anticiparla. Por ejemplo, apreciar cómo ese cuadro interactuaría en una relación cambiante con Estados Unidos y con la emigración cubana, que aunque no sea la panacea, pudiera dejar de enconar esos y otros problemas nuestros, según ha sido el patrón histórico.

Para comprender en términos realistas esa interacción y su futuro, hay que aprender a pensarla dentro de esta problemática, y con otra cabeza.

Rafael Hernández es un politólogo cubano y editor jefe de Temas, una revista de ciencias sociales con sede en La Habana.