El nuevo contrato social cubano

I

Desde que Jean Rousseau enunciara su Teoría del Contrato Social, esta pasó a convertirse en fundamento de las sociedades modernas. Su esencia era que todos los ciudadanos, libres e iguales, pudieran concurrir a manifestar su voluntad para llegar a un acuerdo común (contrato social), expresado en el concepto de voluntad general. Según este pensador, las reglas de la asociación (leyes) deben ser el resultado de la deliberación pública, fuente de la soberanía; por tanto, las leyes no serían justas si la deliberación no respeta el interés común, o si los ciudadanos no aceptan las reglas. En cualquier época y lugar, los procesos sustanciales de reformas y las revoluciones suelen terminar en la adopción de nuevas formas de contrato social.

El triunfo de la Revolución Cubana generó un nuevo consenso social sobre bases más democráticas, legitimadoras del nuevo Estado revolucionario, entre las que se encontraban: la convocatoria a la participación popular, la garantía estatal de la justicia social y la defensa de la soberanía nacional.^[1] La Ley Fundamental de 1959 modificaba la Constitución del 40 y rompía con el antiguo status quo al conceder amplios poderes al Gobierno Revolucionario, entre ellos las facultades legislativas del antiguo Congreso Nacional.

En aquella primera etapa (1959-1970)^[2] el entusiasmo popular parecía no tener límites, aupado por los extraordinarios avances socio-culturales de las mayorías. Su catalizador era la figura carismática del Comandante en Jefe, cuyo verbo encendido clamaba por posturas radicales en defensa de la soberanía nacional ante las agresiones del gobierno de los Estados Unidos y sus aliados internos y externos.

En condiciones de laboratorio social y plaza sitiada al mismo tiempo, se inició un experimento social a gran escala de abandono de las lógicas del mercado en pos de una centralización casi absoluta del ingreso en manos del Gobierno Revolucionario. Estos fondos se destinaban a satisfacer centralmente las necesidades de la defensa; solucionar graves problemas históricamente preteridos y lograr la nivelación de las grandes diferencias sociales en un país que contaba, en 1958, con una de las economías más productivas de la región. 

El igualitarismo en la distribución y el consumo, el reparto directo de bienes y servicios, unidos al realce cotidiano del ascetismo guerrillero y la uniformidad miliciana, en lugar del consumismo de la sociedad anterior, sirvieron de base al nuevo pacto social entre las clases trabajadoras y su Estado revolucionario que se preciaba de ser: “De los humildes, por los humildes y para los humildes”.^[3] En 1965, se abandonaron los sistemas iniciales de gestión económica socialista (Cálculo Económico y Financiamiento Presupuestario) con la implantación del Sistema de Registro Económico como vía de construir un comunismo criollo.  

De esta forma se acrecentaba la imagen paternalista del Estado como benefactor de la sociedad, al presentarse en la triple acepción de propietario, patrono y proveedor universal. Tal representación social era aceptada por la voluntad general, no solo porque una porción significativa del fondo estatizado era devuelta a los ciudadanos mediante cuantiosos y eficaces fondos sociales de consumo (educación, salud, seguridad social, recreación, etc.) ─las famosas gratuidades de hoy─, sino también porque los bajos precios de los artículos de primera necesidad, vendidos en el mercado normado de alimentos y productos industriales, hacían posible la satisfacción de las necesidades básicas de las familias a través de los ingresos salariales, manteniendo altos índices de equidad del consumo que servían de base a la supuesta unanimidad política.   

En la etapa del Socialismo Real cubano (1971-1991) el nuevo pacto social que se impondría ─copia cubanizada del modelo soviético plasmado en la Constitución Socialista de 1976─, adoptó la unidad de poderes Partido/Estado/Gobierno, incluso con las mismas personas dirigiendo en las tres instancias. En lo económico, aceptó la estimulación material de los trabajadores a partir de la llamada distribución según el trabajo, tanto por la vía salarial como por los premios colectivos a nivel de empresa; mientras el fomento de un amplio mercado complementario (paralelo) permitía la realización sistemática de los ingresos adicionales de los trabajadores de forma más o menos amplia. En este período, los altos ritmos de crecimiento del producto social global — determinados por la conversión de Cuba en la azucarera de todo el bloque socialista a precios preferenciales— hicieron posible un aumento sostenido y equitativo del nivel y la calidad de vida que aseguraba la realización de los proyectos de la mayoría de los ciudadanos a partir de su superación personal en los ámbitos del estudio y el trabajo.

El advenimiento de la crisis de los 90 (Período Especial), inició la tercera etapa del proceso revolucionario. La súbita debacle económica dio al traste con el viejo consenso social y creó la llamada crisis de valores, reflejo en la conciencia social de la descomposición del sistema estatizado de economía socialista bajo los golpes combinados de la caída del sistema socialista, recrudecimiento del bloqueo estadounidense y persistencia del retrógrado modelo centralizado de gestión burocrática con sus innumerables factores de freno a las fuerzas productivas.

En esta fase, los baluartes económicos del contrato social establecido en los años 70 y 80 se fueron debilitando o desaparecieron, en correspondencia con la génesis de una sociedad mixta donde los anteriores valores socialistas se mezclaban con los de sectores emergentes: capitalismo de Estado en sus variadas formas (empresas mixtas, asociaciones, redes de comercio mayorista y minorista en divisas, etc.); pequeños productores mercantiles (campesinos, transportistas, cuentapropistas, etc.) y la floreciente, aunque poco estudiada, economía subterránea, donde imperan la corrupción y el capitalismo salvaje.

Solo en agosto de 1993, el gobierno creó el Ministerio de Finanzas y Precios (MFP), encabezado por el economista José Luis Rodríguez, y comenzó a tomar medidas anti-crisis que incluían la circulación legal del USD. La consiguiente recepción de remesas del exterior, si bien incrementaba los ingresos de una parte de la población y del Estado, no disipaba la inopia de las grandes mayorías.

Los tristes sucesos del verano caliente de 1994 y la llamada Crisis de los balseros, culminaron con la firma de un acuerdo migratorio Cuba-USA y la adopción de medidas para la descentralización de la economía y apertura al capital extranjero que dieron lugar a una lenta pero sostenida recuperación sobre bases endógenas. Desde entonces, importantes economistas y otros cientistas sociales hicieron propuestas de transformaciones para reencauzar al país por la senda del crecimiento y el desarrollo.

II

A mediados de los noventa parecía que se iniciaba el proceso de transformación del modelo de socialismo de Estado en otro más descentralizado, flexible y participativo; sin embargo, el ascenso al poder en Venezuela del líder Hugo Chávez (1999), amigo y discípulo de Fidel, creó altas expectativas en Cuba y renació la confianza en la preservación del tradicional modelo centralizado y verticalista. Reaparecía un aliado dispuesto a suplir las demandas cubanas de petróleo e inversiones a cambio de servicios profesionales para sus misiones de mejoramiento social financiadas por una cuantiosa renta petrolera. A fines de ese año, el secuestro del niño Elián González en Miami originó una masiva campaña por su regreso que inició una nueva etapa del proceso: la Batalla de Ideas, que duraría aproximadamente hasta el 2006.

La recuperación económica impulsada por las relaciones preferenciales con Venezuela originaron cambios al interior de Cuba. El PIB creció hasta alcanzar en 2005 la cota de 1989 impulsado por la combinación de dos factores: el abrupto salto en los ingresos, al incluírseles el valor de los servicios gratuitos y subsidios a la población, y el crecimiento de la factura de servicios profesionales, internamente por la alta demanda estatal para los programas de la Batalla de Ideas y externamente, por las solicitudes de gobiernos progresistas latinoamericanos. A partir del 2004, este rubro desplazó al turismo como locomotora de la economía cubana. El espejismo de la conversión en un país de servicios revalorizaba el poder central.

A lo interno se cerraron muchas de las vías descentralizadoras abiertas a mediados de los noventa y, en 2004, se extendió la exclusión del USD a las transacciones de la población mediante el uso de una divisa cubana: el CUC. Adicionalmente, se impuso al USD un polémico gravamen del 10% para desestimular la entrada de remesas en esa moneda. Asimismo, toda la divisa del país se centralizó en una Cuenta Única de ingresos del Estado que los Comités de Asignación de Divisas repartirían a partir de criterios gubernamentales.

En 2006 ocurrió un acontecimiento trascendental para el status quo cubano: el presidente Fidel delegó provisionalmente su cargo en Raúl Castro, mientras se recuperaba de una intervención quirúrgica. Dos años después, lo haría de manera definitiva. El Comandante en Jefe cedía el liderazgo al General-presidente.

El cambio se expresó de inmediato en el fin de la Batalla de Ideas, creación de comisiones para diagnosticar los problemas económicos y sociales acumulados, promesa de «cambios estructurales y de concepto» en el deprimido sector agrícola y la generalización del llamado Sistema de Perfeccionamiento Empresarial, mecanismo de gerencia desarrollado por las fuerzas armadas a partir de experiencias capitalistas. En el 2007, se iniciaron las esperadas reformas al modelo denominadas Proceso de Actualización Económica en pos de «encontrar los mecanismos y vías que permitan eliminar cualquier traba al desarrollo de las fuerzas productivas» y construir un socialismo próspero y sostenible.

Tras la crisis mundial del 2008 la necesidad de impulsar la producción nacional era perentoria. Para ello, Raúl procedió a reestructurar el grupo de poder hegemónico en el aparato partidista/estatal con la separación de los principales dirigentes jóvenes: el Vice-presidente Carlos Lage y el canciller Felipe Pérez, junto a otra docena de altos cargos provenientes, casi todos, del llamado Grupo de Apoyo del Comandante en Jefe. Tras la purga, colocó a militares de confianza en los puestos claves de la administración y aceleró el empoderamiento del holding militar GAESA.

En diciembre del 2010, Raúl lanzó un dramático ultimátum ante la Asamblea Nacional: “O rectificamos, o nos hundimos”. Su mensaje sirvió de consigna a la discusión masiva del proyecto de los “Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución” y todo lo acordado en el VI Congreso del PCC (2011). Sin embargo, diez años después, muchas de sus críticas a la gestión del Partido/Estado/Gobierno en ese discurso permanecen sin resolver y bien pudieran  ser repetidas en el próximo VIII Congreso.

El debate nacional en torno al proyecto de los “Lineamientos” (noviembre 2010-abril 2011), posibilitó una vasta deliberación pública sobre cómo superar la crítica situación sin renunciar a la soberanía, ni al socialismo. Mas, durante años tres interrogantes siguieron pendiendo, cual espada de Damocles, sobre el apremiante nuevo contrato social cubano: ¿cómo el Estado-comerciante consideraba justo subir los precios y tarifas para obtener mayores ganancias, mientras postergaba indefinidamente el derecho de los trabajadores a cobrar un salario acorde al incremento del costo de la vida?; ¿si no se trabaja bien porque el Estado-empleador no pagaba salarios estimulantes y este sostiene que si lo hacía se dispararían los precios en una creciente espiral inflacionaria, estaríamos entonces ante una aporía sin solución en los marcos socialistas al estilo de: quién fue primero: la gallina, o el huevo? ¿puede funcionar eficazmente la economía con dos monedas y diferentes tasas de cambio?

Solo con la Tarea Ordenamiento, asumida tras la crisis mundial de la covid-19 y el arreciamiento del bloqueo por la administración Trump, se han empezado a resolver estas contradicciones. 

III

A pesar de las buenas nuevas que llegaron entre 2014 y 2016 (ley de inversiones extranjeras, visita de Putin donde anunció la condonación de la deuda y reanimación del comercio mutuo; declaración Raúl-Obama de reanudación de relaciones diplomáticas; renegociación de la deuda con el Club de París; acuerdo con la Unión Europea), la elaboración de los fundamentos del nuevo modelo y su asunción en la praxis del Estado/partido/gobierno tomaron demasiado tiempo y al tren de las reformas se impuso el andar lento y zigzagueante del lema: “Sin prisa, pero sin pausa”.

En abril de 2016, fue que el VII Congreso del PCC aprobó la “Conceptualización del Modelo Económico y Social Cubano de Desarrollo Socialista” y reconoció que solo se había implementado el 21% de los 313 Lineamientos. En el 2017, llegó Donald Trump a la Casa Blanca acompañado por el sector más reaccionario del exilio cubano, lo cual enrareció el escenario para la ejecución de las transformaciones previstas.

En la década que termina, la medida más trascendente ha sido la ampliación del sector no estatal, aunque sin el correspondiente mercado mayorista y numerosas trabas burocráticas a su crecimiento. Su aplicación trajo consigo una de las mayores victorias sobre el bloqueo: la entrada al país, por la izquierda, de un fondo de inversiones en MLC –calculado en alrededor del 50% del total de las remesas− para financiar negocios privados. En la agricultura, la producción campesina y cooperativa se ha estabilizado como la mayor productora de alimentos y su contribución a la reducción de las plantillas infladas del sector estatal ha sido decisiva. 

Tras abril de 2018, con el ascenso a la presidencia de Miguel Díaz-Canel,  aires de cambio y renovación soplaron en la gobernanza cubana, a pesar de su lema: “Somos continuidad”. Su principal manifestación fue el proceso masivo de discusión del proyecto de nueva Constitución 2019 con un articulado que incluye contenidos más democráticos y participativos  —en particular el reconocimiento del Estado socialista de derecho—, al tiempo que guarda importantes rémoras del modelo de socialismo burocrático en forma de clausulas de intangibilidad que la descalifican como expresión de un contrato social radicalmente novedoso. En particular, su artículo 3: “El sistema socialista que refrenda esta Constitución, es irrevocable”, petrifica el actual status quo al  impedir cualquier modificación que abra puertas a otros modelos de gestión económica, social y política conducentes  a una sociedad menos burocratizada e inmovilizada y sí más dinámica, democrática y participativa.

Intentar hacer estas transformaciones será tarea de todos los que aspiren a establecer un nuevo contrato social que, aún preservando el socialismo como sistema, abandone el estatismo burocrático como modelo, reanalice el papel de los sindicatos y del movimiento obrero en el país, garantice la libertad de expresión y asociación, empodere la sociedad civil, incluya el derecho a la huelga y las manifestaciones públicas y disponga de mecanismos para mediar en las relaciones entre patronos y obreros.

En las condiciones actuales de la sociedad cubana, la necesidad de un nuevo contrato social que supere el hegemonismo burocrático no es una cuestión que se resuelva con lineamientos generales, algunos derechos constitucionales, o un nuevo discurso político. Se requieren transformaciones profundas en las relaciones económicas y la superestructura conducentes a desbancar de sus posiciones de privilegio a los actuales burócratas de nivel alto y medio, que hoy se alzan sobre los derechos de los hombres y mujeres del pueblo.

Mario Juan Valdés Navia (Sancti Spíritus, Cuba, 1961) es un historiador, Doctor en ciencias pedagógicas, investigador y profesor titular, ensayista. Ha publicado los libros: El manto del rey (Ediciones Matanzas, 2019),  Fernando Lles y el grupo minorista de Matanzas (Ediciones Matanzas, 2020) y José Martí, visión de la historia (Editorial del Centro de Estudios Martianos, 2020). Textos suyos sobre historia, estudios martianos y didáctica han aparecido en libros, revistas científicas, culturales y sitios web cubanos y extranjeros, en particular en el medio digital La Joven Cuba. Profesor invitado en universidades de Brasil, Haití y El Salvador. Ha obtenido varios premios por su obra ensayística: mejor ensayo publicado en la revista Matanzas (2014 y 2019); Mención de Honor (2015) y Premio (2017) de la revista Temas y Fundación de la Ciudad de Matanzas 2019.

[1] Julio Guanche: La participación ciudadana en el Estado cubano, Ediciones CLACSO, Buenos Aires, 2011.

[2] Fernando Martínez ha periodizado el proceso revolucionario en tres etapas que asumo: 1959-1970; 1971-1991; 1992-…Ver: Desafíos del socialismo cubano, ed. CEA, La Habana.

[3] Fidel Castro “Discurso en el entierro de las víctimas de los bombardeos”, 15 de abril de 1961. Playa Girón. Derrota del Imperialismo, Ediciones R, La Habana, 1962, t.1, p. 76.